La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como uno de los órganos autónomos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF), cumple 200 años, y su actual estructura tiene las horas contadas; a partir de este 1 de abril le quedan cinco meses de vida.
La reforma judicial aprobada el 15 de septiembre del año pasado, y que entró en vigor al día siguiente, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, generó uno de los cambios más radicales para el Máximo Tribunal.
A partir del próximo 1 de septiembre la Corte estará integrada por cinco ministras, una de ellas será la presidenta, y cinco ministros, quienes llegarán al cargo producto de una votación popular, que se llevará a cabo el 1 de junio de este año.
Para llegar al Pleno, el presidente en turno hacía la propuesta de una terna, de la que el Senado de la República hacía un nombramiento y ratificación. Eso se acabó.
Ahora serán las urnas las que decidirán quiénes serán las cinco mujeres y cuatro hombres que llegarán al cargo, para un Pleno que estuvo integrado por 11 espacios desde 1994, cuando el expresidente Ernesto Zedillo realizó su reforma y eliminó 15 lugares.
También desaparecerán las dos Salas, encargadas de desahogar la mayor cantidad de asuntos de acuerdo con las diferentes materias del derecho, desde lo penal, pasando por el civil y hasta lo mercantil.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández no concluirá el periodo para el que fue elegida presidenta del máximo tribunal, hasta el 31 de diciembre de 2026; de hecho, ya presentó su renuncia con fecha 31 de agosto próximo.
Pasará a la historia como la primera mujer que llegó a la titularidad del PJF, quien a pesar de su esfuerzo, no pudo frenar el impacto de la reforma que modifica al extremo a este poder.
La reforma judicial de septiembre de 2024 incluye la elección de jueces federales y magistrados, cuyos asientos a desocupar fueron seleccionados a través de una tómbola, en el Senado.
Desaparecerá también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el otro órgano autónomo del PJF, encargado de la administración del aparato de justicia y de sancionar el comportamiento de jueces y magistrados.
El Sistema de Carrera Judicial, con el que mediante exámenes de oposición y evaluaciones permitía llegar a juzgados y magistraturas, también desaparece; ahora será el voto popular el que designe esos cargos, y serán sancionados por un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes también serán elegidos en junio.
