La congresista Verónica Escobar ha advertido que el campamento militar de Fort Bliss podría albergar hasta 5 mil migrantes, lo cual es un asunto preocupante en la frontera.
Se espera que el centro reciba a migrantes adultos solos, aumentando su capacidad semanalmente hasta alcanzar el máximo previsto.
La congresista ha denunciado que esta expansión es un “desperdicio de dinero público” y que Estados Unidos ya cuenta con el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo. Además, ha expresado preocupación por la falta de transparencia y supervisión, especialmente por la participación de contratistas privados con antecedentes cuestionables. Por ejemplo, uno de los subcontratistas, Disaster Management Group, está vinculado a Nathan Albers, quien ha tenido relaciones comerciales con empresas condenadas por contratar trabajadores indocumentados.
Esta expansión forma parte de la ley “One Big Beautiful Bill”, firmada el 4 de julio de 2025, que asigna casi 170,000 millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, incluyendo la construcción de nuevos centros de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justifican la ampliación como necesaria para aumentar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones. El Departamento de Defensa también participa proporcionando seguridad y apoyo logístico en Fort Bliss.
El contrato para la construcción y operación del centro está bajo la supervisión de la Oficina de la Dirección de Campo del Ejército en la Base Conjunta San Antonio-Fort Sam Houston y se extiende hasta septiembre de 2027. Acquisition Logistics fue elegida entre 12 o 13 empresas, aunque tiene poca experiencia en operaciones de detención a gran escala.
Para los migrantes, esta instalación significa estar detenidos en un lugar militarizado mientras esperan su proceso de deportación. La congresista Escobar y grupos locales temen que las condiciones sean duras y que la falta de supervisión pueda llevar a abusos. Además, Escobar ha enfrentado obstáculos para realizar visitas de supervisión a otras instalaciones de detención en El Paso, lo que genera dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de la ley federal.
Fort Bliss ya ha sido usado antes para alojar menores no acompañados y refugiados afganos, pero esta es la mayor instalación de detención en una base militar hasta ahora. La expansión en Fort Bliss podría servir como modelo para otros centros similares en bases militares en todo el país, lo que podría duplicar la capacidad nacional de detención.
Escobar insiste en que los fondos destinados a esta expansión deberían invertirse en servicios comunitarios como salud y vivienda, en lugar de aumentar la detención masiva. Mientras tanto, la administración Trump promueve estas medidas como parte de su estrategia para detener la inmigración ilegal, con objetivos de arrestar a 3,000 personas por día y deportar más de un millón al año.
Para quienes buscan información oficial sobre políticas migratorias y procedimientos, el sitio del Departamento de Seguridad Nacional ofrece recursos actualizados y confiables: https://www.dhs.gov. Además, para conocer detalles sobre los formularios de inmigración, como el Formulario I-213 para registros de detención, se puede consultar la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Según análisis de VisaVerge.com, la expansión en Fort Bliss refleja una tendencia creciente de militarizar la detención migratoria, lo que genera debates legales y éticos sobre el uso de bases militares para fines civiles. La congresista Escobar y otros legisladores seguirán presionando para mejorar la supervisión y proteger los derechos de los migrantes en estas instalaciones.
En resumen, la ampliación del centro de detención en Fort Bliss representa un cambio importante en la política migratoria estadounidense, con impactos directos en migrantes, comunidades locales y el sistema de justicia migratoria. La vigilancia pública y la participación de legisladores como la congresista Escobar serán clave para asegurar que se respeten los derechos humanos y se evite el mal uso de recursos públicos.
