El plan de deportaciones masivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será de alto costo para su gobierno, para las autoridades de México y para las personas afectadas, pero dejará una gran derrama económica a firmas legales, jueces y notarios especializados en migración.
De cumplirse la amenaza de deportación masiva, planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, los más de 11 millones de inmigrantes tendrán que recurrir a los despachos jurídicos especializados, quienes llevarán los procedimientos legales, que van hasta los 15 mil dólares, en casos de deportación y defensa en la Corte.
De acuerdo con el American Immigration Council (AIC), una organización sin fines de lucro fundada en 1987, con sede en Washington, antes de que una persona pueda ser deportada, el gobierno norteamericano debe obtener una orden final de expulsión o en su defecto, una autorización para salir voluntariamente.
Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede emitir rápidamente órdenes de expulsión contra algunos, los arrestados en el interior generalmente deben ser sometidos a un proceso de deportación y ante el escrutinio de un juez de inmigración.
El AIC señala que el sistema de tribunales de inmigración es operado por el Departamento de Justicia, mientras que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) actúa como fiscal.
Infraestructura, ¿Suficiente?
A octubre de 2024, había 735 jueces de inmigración en todo el país supervisando 3.7 millones de casos, lo que lleva de dos a seis años en promedio.
Incluso con niveles de personal mucho más altos, ICE probablemente necesitaría apoyo adicional de personal de todos los niveles de gobierno, incluidas fuerzas de seguridad estatales y locales, así como fuerzas militares y unidades de la Guardia Nacional, según un reporte del National Inmigration Forum (NIF) fundado en 1982 en la Unión Americana, el cual “aboga por el valor de los inmigrantes y la inmigración”.
No solo eso, la organización advierte que se requerirían extensos sistemas de transporte aéreo y terrestre para llevar a cabo la deportación masiva. Serían necesarios autobuses y furgonetas para transportar a los detenidos desde diversas instalaciones de retención a los aeropuertos, lo que requeriría una expansión significativa de la flota de transporte de ICE.
Aún más grave, los procesos legales inherentes a la deportación presentan un desafío significativo para implementar la deportación masiva. La Corte Suprema en 1993, determinó que todos los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante al menos dos años, incluso aquellos que ingresaron sin autorización, tienen derecho al debido proceso en los procedimientos de deportación.
La mala noticia es que de acuerdo con el NIF, el sistema de tribunales de inmigración de los Estados Unidos “está increíblemente sobrecargado , lo que dificulta que los inmigrantes indocumentados resuelvan sus casos de manera oportuna y contribuye a la gran población indocumentada”.
Algunos observadores han sugerido que, para lograr la deportación masiva, el gobierno necesitaría “triplicar el tamaño” del sistema de tribunales de inmigración y “construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y capacitar a jueces”.
Para el gobierno estadounidense la situación no es fácil, pues cifras oficiales estiman que costaría 1.8 millones por cada nuevo juez (lo que representa personal de apoyo asociado y espacio y equipo necesarios).
Además, según el AIC, “contratar suficientes jueces de inmigración y fiscales de ICE para generar una millones de órdenes de expulsión al año costarían 12 mil 600 millones de dólares al año”.
El costo del deportado
Si Trump quiere deportar a 12 millones de personas, advierte Jasmin Singh, experta en derecho de inmigración, “tiene que encontrar primero de dónde va a sacar el dinero”, explicó a MILENIO.
Hoy en día, según Pew Research Center, hay al menos 13 millones de indocumentados en EU. Más de 8.6 millones de inmigrantes ilegales ingresaron hace 15 años antes de 2009. Otros cinco millones han estado por 25 años, y 1.5 millones llevan 35 años o más. Algunos ya se han regularizado, pero se calcula que al menos 11.3 millones viven con algún indocumentado.
En conjunto, tienen un poder adquisitivo anual de 256 mil 800 mdd. Según AIC, una campaña de deportación masiva exitosa conlleva una pérdida de 4.2 a 6.8 por ciento del PIB, una caída mayor a la gran recesión que fue de 4.3 por ciento.
De ahí que se estima que los deportados, acudirán a tribunales para tratar de regresar y conseguir su estatus de residente. El despacho Jurado-Graham Abogados de Inmigración reveló que desde la victoria de Trump se disparó la demanda de sus servicios.
“Desde consultas de inmigración hasta participación en talleres sobre derechos, buscan protegerse de posibles deportaciones y mantenerse en el país”.
Los inmigrantes que decidan llevar una defensa de deportación en tribunales tendrán que desembolsar un promedio de 10 mil a 15 mil dólares en despachos privados como el caso del bufete jurídico de Andrei Romanenko es un abogado de inmigración establecido en California.
Otro caso es el de Fitzgerald Law Company, que una representación en procedimiento de remoción o deportación cobra 12 mil dólares por honorarios.
Sin embargo, en ciertas situaciones específicas, los clientes pueden requerir servicios adicionales, por ejemplo, la revisión de un récord criminal o problema de impuestos en el pasado, servicio que ronda los 2 mil 500 dólares.
Otros casos van desde tratar complicaciones debidas a ineficiencia y retrasos causados por errores de terceras partes o recolección de documentos de agencias de gobierno, otras cortes, abogados anteriores, los cuales son cobrados hasta los 350 a los mil dólares; mientras que las traducciones de documentos, implican un precio de 500 dólares.
Si el inmigrante tiene la necesidad de una comparecencia adicional ante la DHS o ante la corte de migración habrá que pagar hasta 495 dólares.
La lista puede ser más amplia por los diferentes servicios en un proceso legal que puede durar hasta una década, sin que se garanticen resultados favorables.
Jasmin Singh, experta en derecho de inmigración, explica a MILENIO que un indocumentado en los Estados Unidos solo tiene derechos, en dos casos: Cuando tienen hijos, con un cónyuge que tiene la ciudadanía. O si han reclamado el asilo y están esperando su fecha de audiencia y tiene un caso pendiente con inmigración de asilo.
“La ley dice que puede estar en los Estados Unidos con un permiso de trabajo mientras que esperan para su audiencia. Estas audiencias están tomando en algunas ciudades hasta seis, siete años desde que entraron los Estados Unidos como Nueva York o Los Ángeles”.
Agrega que “normalmente cuando las personas que tienen casos pendientes con inmigración si la mayoría tiene una protección, no pueden ser deportados”.
En Estados Unidos hay más de 18 mil despachos legales especializados en temas migratorios, según la investigadora de mercados IBIS World.
De ellos más de 16 mil están afiliados a la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y se reparten en 39 capítulos.
Según sus cifras, un abogado de inmigración puede comenzar su carrera con salarios de 57 mil dólares anuales, mientras que los profesionales experimentados llegan a ganar más de 128 mil al año.
También influye el lugar donde ejercen: los de San Francisco ganan los salarios promedio más altos: 129 mil 19 dólares, seguidos por los de Nueva York, con 120 mil 555 dólares por año.
De acuerdo con las proyecciones de IBIS World, el valor de los servicios legales de inmigración a escala global se valuó en 2022 en unos 14.2 billones de dólares y crecerá a razón de 5.8 por ciento hasta 2030.
La masividad, un problema
“A veces Trump dice que quiere deportar 11 millones de personas. Y luego corrige: ‘Pero quiero enfocarme en una lista prioritaria’. Primero se quiere enfocar en los indocumentados que han cometido delitos, que tienen convicciones criminales. La segunda es las personas que ya tienen órdenes de deportación desde hace mucho tiempo y siguen estando en los Estados Unidos indocumentados”.
Singh, doctora en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, acota: “si Trump quiere deportar más personas, sí es posible”, aunque calcula que solo logrará con tres millones o cuatro millones.
“Primero tiene que encontrar de dónde va a sacar el dinero para apoyar esta meta y ver si el Congreso le va autorizar los recursos suficientes”, advierte.
De acuerdo con el reporte Deportación masiva: Costos devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía, elaborado por el American Immigration Council (AIC) el costo total ascendería a 315 mil millones de dólares para expulsar aproximadamente 11 millones de personas que, a partir de 2022, carecían de personería jurídica permanente y se enfrentaban la posibilidad de ser deportados.
En términos de costos fiscales, el estudio también incluye a 2.3 millones de personas más, quienes han cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin estatus migratorio legal y fueron liberados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a partir de enero 2023 hasta abril de 2024.
“En total, encontramos que el costo de operación de deportación dirigida a ambas poblaciones — un total estimado de 13.3 millones de inmigrantes sin estatus legal— es de al menos 315 mil millones de dólares. Aunque la organización no gubernamental advierte que la cifra “es muy conservadora”.
“No se tiene en cuenta el largo plazo. Los costos de una operación de deportación masiva sostenida o los costos adicionales son incalculables para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo”, sostiene el documento.
La cifra, consideran, es un gran gasto. Los 315 mil mdd equivalen a construir 40 mil 450 nuevas escuelas de educación básica; o pagar matrícula y gastos completos para más de 43 millones personas para asistir a una universidad privada durante cuatro años… y hasta para pagar un coche nuevo a unas 204 millones de personas.
Pero si Trump decide echar de una sola vez a los inmigrantes, los gastos se tendrían que distribuir entre: 89 mil 300 mdd para realizar arrestos; 167 mil 800 mdd para detener a inmigrantes en masa; 34 mil 100 mdd en procesamiento legal; y 24 mil 100 millones en deportaciones, según el estudio de AIC.
El documento especifica que “suponiendo que 20 por ciento de los indocumentados se ‘autodeportara’, la operación promediaba 88 mil mdd anualmente, es decir, un costo total de 967 mil mdd a lo largo de una década.
Incluso la suma podría ser mucho mayor por los costos a largo plazo de establecer y mantener instalaciones y campamentos temporales para la detención de un millón de personas.
Esto requeriría que EU construya 24 veces más capacidad de detención que la actual. El gobierno también tendrá que establecer y mantener más de mil nuevas salas de audiencias de inmigración para procesar a las personas.
Las capacidades mexicanas
En el discurso, las autoridades mexicanas han manifestado que están preparadas para una eventual deportación masiva.
El pasado 27 de diciembre, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que el presupuesto que tenemos “nos parece suficiente”.
“No se afectó en lo más mínimo el trabajo consular, de hecho, se reforzó porque había algunas plantillas que estaban con vacancias que las hemos cubierto, obviamente, todas las plazas tienen que estar listas y preparadas para el próximo año”, explicó.
Pero de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, el presupuesto para Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior y que comprende la atención, protección, servicios y asistencia consulares se redujo 6.01 por ciento: de 557 millones 728 mil 121 pesos en 2024 a 524 millones 192 mil 258 pesos este año.
México cuenta con 50 consulados en territorio estadounidense. Cada uno de ellos ha elaborado un Plan de Acción Local que incluye recomendaciones específicas (qué hacer y qué no).
Además, el gobierno lanzó un Programa de Asistencia Jurídica a través de Asesorías Legales Externas (PALE), fortalecido con 329 contratos de asesoría y representación legal en las siguientes materias: Laboral, civil, penal, migratoria y administrativa.
Sin embargo, los recursos destinados a la asistencia jurídica para la defensa eficiente de México y de sus nacionales en el extranjero también sufrió un recorte de 6.05 por ciento para el presente año y cuentan con 101 millones 713 mil 110 pesos, según el Presupuesto de Egresos.
En tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM), que tiene la misión de instrumentar la política en materia migratoria en territorio nacional, tuvo un recorte de 10.4 por ciento para 2025.
Los recursos del INM, que debe otorgar a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, con estricto apego a proteger los derechos humanos, ascienden a mil 897 millones de pesos.
Jasmin Singh concluye que “realmente el consulado no tiene responsabilidad en ayudarlos en ninguna forma, cuando los mexicanos indocumentados ya tienen el castigo. Ya no pueden pedir un beneficio al consulado. Realmente su trabajo está hecho una vez que el migrante está aquí en México”.