CDMX.- Legisladores de la oposición advirtieron que la consulta ciudadana sobre la “revocación del mandato presidencial” es una estrategia electoral de Morena para las elecciones de 2021.
Actualmente el partido oficialista y sus aliados intentan pasar en la Cámara de Diputados una reforma constitucional por la que la consulta se realizaría el 6 de junio de 2021, antes de que el presidente cumpla tres años en el cargo y el mismo día que se vote por la renovación de diputados.
La legisladora priista Dulce María Sauri consideró a la consulta “un fraude”, porque Morena podría obtener de nuevo la mayoría y además podría llevar a la reelección consecutiva de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle afirmó que “no se trata de un ejercicio de revocación de mandato, sino la ratificación del presidente”.
Tagle consideró que es un “proyecto electoral” con el fin de obtener de nuevo la mayoría en San Lázaro.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) declaró que la oposición está buscando que la consulta se haga en diciembre, cuando el presidente haya cumplido tres años en el cargo.
Si bien Morena tiene casi la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional, el dictamen fue pospuesto en noviembre de 2018, luego de que la oposición frenó la reforma al fuero constitucional.
Actualmente el partido oficial dispone del apoyo de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) gracias a los cuales no sería necesario negociar con el PAN o el PRI para discutir las reformas constitucionales.
Por su parte Delgado declaró que buscarán consenso, un último esfuerzo, pero calculó que tiene los votos suficientes para pasar la reforma.
La reforma a la consulta plantea que se reduzca el número de ciudadanos que pidan el ejercicio, del 2 por ciento al 1 de la lista Nominal de Electores, que actualmente es de 87.19 millones de pesos, por lo que de 1.7 millones de solicitantes serían 871 mil.
Además se reduce el total de participantes necesarios para que sea vinculatoria, pasando de 40 por ciento a 34 por ciento de la lista nominal, por lo que bajaría de 34.8 millones de personas a 29.6 millones.
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