La FGR solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez que ha dejado 39 muertos y 27 heridos, 24 de ellos graves.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, detalló que ya declararon ocho presuntos responsables de la tragedia, entre ellos cinco elementos de la empresa de seguridad que custodiaban la estación, dos agentes federales y uno del Instituto Nacional de Migración (INM).
Aseguró que en la investigación no se protegerá a ningún funcionario y lamentó que durante el incendio no se respetaron protocolos. “En lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja”, señaló en conferencia.
Destacó que la tragedia no representa a la política migratoria del gobierno federal, y servirá para mejorar el trato a los migrantes en esas instalaciones.
En tanto, Sara Irene Herrerías, fiscal en derechos humanos de la FGR, detalló que una de las órdenes de captura es contra el migrante que inició el fuego. Las otras tres son contra dos agentes del INM y un guardia privado.
Sobre los delitos por los cuales se solicitaron las capturas, no particularizó, pero indicó que la carpeta se integra por delitos como homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones.
Adelantó que se seguirá trabajando en otras órdenes de aprehensión, entre quienes estarían más funcionarios y guardias.
Ocho probables implicados por la tragedia
Se girarán órdenes de captura contra 4 personas, entre ellas el migrante que provocó el fuego, señala Rosa Icela Rodríguez.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que en las investigaciones por el caso de la muerte de 39 migrantes en un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, no se protegerá a nadie, y se citará a declarar a todos los funcionarios de Migración y de la empresa de seguridad privada que resguardaba el lugar.
Insistió en que fue una tragedia, un hecho indignante, que genera impotencia y coraje, por lo que no se protegerá a ningún funcionario del gobierno federal, entre ellos al director del INM, Francisco Garduño, o de quienes sin ser funcionarios públicos laboraban en el lugar como empleados de seguridad privada.
“Al momento, se tienen identificados, inicialmente, ocho personas probablemente responsables de los hechos, dos agentes federales, un agente estatal de Migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil.
“Queremos ser muy enfáticos, en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie”, enfatizó Rodríguez.
Puntualizó que hay 27 personas migrantes hospitalizadas, y de ellas 14 se atienden en hospitales del IMSS; once en el hospital general de Chihuahua y dos en un hospital del ISSSTE. De los internados, 14 del IMSS y 10 del hospital general de Chihuahua, se encuentran en estado grave.
Reconoció que se investiga en qué condiciones operaba esa instalación y si contaba o no con medidas y protocolos de protección civil.
Destacó que esta tragedia no representa a la política migratoria del gobierno de México, y servirá para buscar qué mejorar en el trato a los migrantes en ese tipo de instalaciones.
“La política migratoria del gobierno mexicano es de respeto a los derechos humanos, esa es la directriz que nosotros recibimos, estos lamentables acontecimientos no tienen que ver con esa política migratoria. Se va a hacer una revisión de estos acontecimientos para saber en estos casos y en otras estancias migratorias qué es lo que debe modificarse cambiar, mejorar”, insistió Rodríguez.
Recalcó que las órdenes de aprehensión se girarán en breve por los delitos de homicidio doloso, o en su defecto de homicidio doloso eventual; por daños en propiedad ajena; y tentativamente por privación ilegal de la libertad.
La funcionaria se reservó datos como quién tenía en su poder la llave que abría la reja de la celda en donde estaban encerrados los migrantes, las razones de la ‘redada’ ordenada por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, porque, insistió en varios momentos de la rueda de prensa, se pondría en riesgo el debido proceso.
También dijo que a través de testimonios de los sobrevivientes, se tiene identificado a uno de los migrantes quien, presuntamente, fue quien inició el incendio y podría ser acusado de homicidio.
“Si hay necesidad de ceses, de hacer presentaciones ante el Ministerio Público no lo vamos a dejar de hacer, no se va a proteger a nadie. No va a haber impunidad”, advirtió.
En la conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, detalló que en las próximas horas se solicitarán las primeras cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad.
Una de ellas será en contra del migrante señalado por iniciar la quema, a quien ya se tiene localizado; dos en contra del personal de Migración y una en contra un guardia de la empresa de seguridad.
En la rueda de prensa, la secretaria de Seguridad hizo hincapié en que por instrucción presidencial, las dependencias del gobierno deben contratar al Servicio de Protección Federal para resguardar sus instalaciones en lugar de echar mano de empresas de seguridad privada, cómo sucedió en el INM de Ciudad Juárez.
