Agentes fronterizos han utilizado su posición privilegiada para permitir el ingreso ilegal de migrantes de México a Estados Unidos. Documentos internos de la dependencia muestran que al menos dos docenas de agentes han recibido dinero en efectivo por permitir el libre tránsito.
Una investigación de MILENIO con base en informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revela que en los últimos 3 años y medio han sido arrestados 26 agentes por el delito de “corrupción”, esto quiere decir que utilizaron información privilegiada que permitió el tráfico de personas a Estados Unidos.
De acuerdo con expedientes judiciales, los agentes fronterizos corruptos cobran entre 500 y 3 mil dólares por cada migrante que cruzó la frontera. Uno de los funcionarios que recibieron sobornos asegura haber fijado una tarifa incluso mayor: 6 mil dólares por indocumentado.
La tragedia del pasado 27 de junio donde murieron 53 migrantes en la caja de un tráiler en Texas, puso en la mira otra vez a los agentes fronterizos: y es que según el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, el vehículo pasó por dos puntos de revisión migratoria.
“El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de Customs and Border Protection (CBP) en Estados Unidos, donde fue captado por cámaras de seguridad a las 14:50 del lunes en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y en Cotulla, Texas a 109 kilómetros”, reveló.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza carga con un largo historial de casos donde permitieron el tráfico de migrantes desde México hacia Estados Unidos.
Reportes de la CBP revisados dan cuenta que durante 2019 fueron arrestados 11 agentes de la Oficina de Protección Fronteriza, mientras que durante el 2020 fueron detenidos cuatro. Para 2021 fueron nueve y en lo que va de 2022 ya suman cuatro casos.
Los informes internos también señalan que hasta el último informe completo publicado —que corresponde al año fiscal 2021— se habían recibido 8 mil 989 denuncias por malas conductas en contra de agentes de la Oficina de Aduanas, que incluye a la Patrulla Fronteriza. En 2020 fueron 9 mil 269 y en 2019 la cifra se colocó en 7 mil 924.
Tan solo en 2021 fueron definitivamente removidos de su cargo 32 personas, 30 se encuentran en terminación probatoria, 14 tienen una “última oportunidad”, 11 se encuentran en suspensión definitiva y 485 fueron reprendidos por malas conductas.
La advertencia
Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza vigilan 3 mil kilómetros a lo largo de la frontera con México. La gran mayoría de ellos está asignado a alguno de los puertos de entrada de los estados fronterizos y retenes intermedios.
Esta agencia donde trabajan 64 mil empleados, de los cuales 45 mil 450 son agentes de vigilancia fronterizos, está enfocada según su propia descripción, en garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.
“Estamos continuamente vigilantes y alertas para disuadir, detectar y prevenir las amenazas a nuestra nación”, explican.
Según un informe de transparencia, durante todo 2021 revisaron a 491 mil 688 pasajeros y peatones en las fronteras y registraron 101 mil entradas de mercancía al país. Además lograron mil 703 detenciones en la frontera.
A pesar de los valores que presumen, los agentes de esta instancia de gobierno constantemente han estado involucrados en distintos casos de abusos policiales, torturas, tratos inhumanos, y hoy también, inmersos en escándalos de corrupción.
Desde 2017, John Roth, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, la dependencia a la que responde CBP, reconoció en una comparecencia ante el Congreso que ya se registraban aumentos en el número de acusaciones por mala conducta, tras un rápido incremento en las contrataciones.
“Determinamos que se necesita una planificación adecuada de la fuerza laboral para asegurar los niveles correctos de dotación de personal, las proporciones, las ubicaciones y guiar campañas de captación. Por el contrario, es probable que una planificación inadecuada de la fuerza laboral socave la capacidad para cumplir con los mandatos”, advirtieron.
Cinco años después de esta declaración, son más frecuentes las acusaciones en cortes federales por delitos graves cometidos por los agentes, específicamente relacionados a la complicidad en el tráfico de migrantes de México a Estados Unidos.
Migras y polleros
En el último informe anual de 2021, las autoridades fronterizas reconocen que sus agentes estuvieron involucrados en nueve casos graves y significativos. Aunque justifican: “Si bien la conducta descrita es profundamente preocupante, fue realizada por un porcentaje pequeño de la fuerza laboral de CBP”.
“Estos casos demuestran el compromiso de CBP de investigar a fondo y llevar ante la justicia al personal de la agencia que viola la confianza del público. Estos casos también resaltan la efectividad de los informes de mala conducta de CBP, los sistemas y cooperación con otras agencias de investigación, así como las capacidades internas de investigación”, se autoreconocen.
Entre las historias que destacan están la denuncia que recibió el órgano de investigación Interna de CPB y que terminó en un operativo de vigilancia contra un agente fuera de su domicilio.
Cuentan que así descubrieron que una mujer entraba y salía periódicamente de su casa. Parecía estar realizando tareas de limpieza y cuidado de niños en la residencia del agente de la Patrulla Fronteriza.
Más tarde la investigación arrojaría que la agente ayudó a su empleada doméstica a ingresar a Estados Unidos sin documentación. Y lo hizo utilizando su puesto: cuando tocaba el cambio de turno en uno de los mostradores de una de las garitas, la dejó pasar sin revisión.
Otro de los casos relevantes es el del agente Rodney Tolson Jr., de 36 años, también ocurrido el año pasado. MILENIO tuvo acceso al expediente judicial radicado en la Fiscalía del Distrito Sur de Texas que revela cómo operó el agente fronterizo.
Los hechos ocurrieron en el punto de revisión migratorio a 29 millas al norte del cruce internacional de Laredo, en la carretera interestatal número 35. Según la acusación fue entre febrero y marzo de 2019 que el agente permitió la entrada de ciudadanos sin documentación legal a Estados Unidos.
A través de un teléfono celular coordinaba el paso de los migrantes con los traficantes de personas. Este les advertía desde kilómetros atrás en qué línea de revisión lo situarían durante su turno, para que se colocaran ahí, con anticipación.
Según las autoridades de la Fiscalía de Texas, Rodney Tolson recibió un pago por cada migrante que fue cruzado durante su turno y en su punto de revisión migratorio. Este 24 de mayo finalmente fue sentenciado y obtuvo una pena benévola: apenas 21 meses en prisión.
La jueza Diana Saldaña consideró que las acciones de Tolson eran extremadamente atroces y que había abusado de la confianza de la ciudadanía mientras cometía este delito como agente federal.
A principios del año 2018, Fuentes, entonces un oficial de CBP asignado al servicio canino en el Puerto de Entrada de Nogales, acordó con un extranjero dejarlo ingresar a Estados Unidos a cambio de un soborno en efectivo de 6 mil dólares.
Según las autoridades, Fuentes sabía que el extranjero era un delincuente convicto, y le propuso ingresar a Estados Unidos a través del puerto de entrada durante su turno. Las imágenes de vigilancia muestran a Fuentes, en servicio y en uniforme, fingiendo deslizar la identificación del hombre en el puerto de entrada.
El agente fue sentenciado apenas a 30 meses en una prisión federal.
Sin embargo, es el caso de Juan Carlos Guerrero, el que ha demostrado que ser agente fronterizo y pollero puede resultar un negocio de miles de dólares.
Según documentos judiciales, entre e octubre de 2008 y mayo de 2011, Guerrero trabajó en el turno de medianoche en los puertos de entrada de Hidalgo, Pharr y Anzaldúas, en la frontera texana, donde fue responsable, entre otras cosas, de las inspecciones vehiculares del tráfico en dirección norte, para las personas que viajaban de México a Estados Unidos.
Según su expediente, él, su novia y hasta sus sobrinos organizaron una operación de soborno y contrabando de extranjeros mediante la cual recibían pagos que iban entre los 500 y los 3 mil dólares por persona.
Guerrero admitió que organizó y dirigió de 80 a 150 cruces, y que permitió que entre 80 y 165 extranjeros ingresaran ilegalmente a Estados Unidos durante su turno.
