Las redes sociales han entrado en debate luego de que este fin de semana entrara en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que le permitirá a las autoridades disponer de los bienes que se hayan asegurado a la delincuencia organizada.
Su entrada en vigor y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ha provocado dudas y temores entre la ciudadanía, que a través de Twitter han publicado mensajes con la etiqueta #LeyDeExtinciónDeDominio.
Las críticas que rondan en torno a la nueva ley son las posibles violaciones a los derechos de la ciudadanía, pues hay quienes aseguran que con su aprobación el gobierno podrá castigar a la población incluso cuando sea declarada inocente por la vía penal y civil.
El empresario Manuel Díaz señaló que viola la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. Al igual que él, cientos de internautas aseguran que supone un ataque a diversas garantías constitucionales.
El malestar generalizado por la Ley de Extinción de Dominio colocó el tema como tendencia nacional en Twitter este domingo. Y es que su aprobación ha estado llena de polémicas.
Cuando la Cámara de Diputados votó a favor en julio pasado, el funcionario Enrique Ochoa Reza, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), había señalado las consecuencias negativas de su puesta en funcionamiento.
“Esta es una de las legislaciones peor hechas y con consecuencias más negativas para los ciudadanos de nuestro país. Esta legislación, de no corregirse, puede derivar en un estado policiaco, donde los ciudadanos honestos vivan bajo un estado de sospecha”, dijo en su discurso.
Días antes de su publicación en el DOF, la diputada Lorena Villavicencio, de Movimiento Regeneración Nacional, le pidió al presidente que no publicara la ley hasta que no se modificaran ciertos artículos.
“Nos preocupa muchísimo que el Ministerio Público podrá asegurar propiedades de forma preventiva incluso cuando no se haya planteado una petición de inicio de juicio de extinción; también nos preocupa mucho, incluso hicimos las reservas con la diputada Tatiana Clouthier, que la autoridad administradora procederá a venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio sin tener una determinación o sentencia definitiva”, dijo.
Diversos legisladores de oposición, empresarios y especialistas han advertido las fallas de la ley, la cual permite que las autoridades vendan propiedades decomisadas incluso antes de que haya una sentencia judicial.
La nueva ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos de una persona respecto a sus bienes que sean producto de un delito, cuando así lo declare la autoridad judicial. Su despojo no conlleva una ningún tipo de compensación.
Los bienes susceptibles a este nuevo reglamento se relacionan con los delitos de secuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Ni siquiera las personas que hayan fallecido podrán librarse de este nuevo dictamen, que establece que la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal no anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias recaen incluso en los herederos.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentaria del Artículo 22 Constitucional, el cual establece que “la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal”.
