Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció ayer que va a comenzar a recolectar muestras de ADN de las personas que entren sin los documentos necesarios al país para colocarlos en una base de datos de la policía federal.
La normativa, que ya había sido anunciada en octubre, permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recolectar las muestras, lo que generó críticas de las organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre posibles violaciones a las libertades de las personas.
En octubre, las autoridades estadounidenses habían dado a conocer este plan indicando que existen normativas sobre la recolección de muestras de ADN para personas detenidas que fueron emitidas por el Departamento de Justicia en 2006 y en 2010, pero que no habían sido implementadas.
El gobierno del expresidente Barack Obama pidió eximir a los inmigrantes de esta normativa, al afirmar que los costos de someter a estas pruebas de cientos de miles de personas era prohibitivo. El gobierno de Trump decretó en 2018 una política de Tolerancia Cero contra la inmigración irregular en su frontera sur.
El adjunto del Fiscal General, Jeffrey Rosen, defendió que el cambio propuesto “va a ayudar a salvar vidas y a llevar a criminales” ante la justicia. Los datos serán resguardados por una base de datos del FBI, que podrá ser usada por otras divisiones del gobierno.
Los activistas de derechos humanos denuncian que la medida atenta con la protección de datos personales y señalan que equipara a los inmigrantes con delincuentes.
“Recolectar las huellas genéticas de personas migrantes en centros de detención no nos hace estar más seguros, lo que hace es que para el gobierno será más fácil atacar a la comunidad migrante”, afirmó Naureen Shah, consejera de la organización ACLU.
El colectivo indicó que también facilita que “un día el gobierno llame a la puerta para pedir el ADN con base en el mismo pretexto falaz de que un día una persona puede cometer un crimen”. La ACLU probablemente tome acciones legales contra la normativa.
Blinda cruces fronterizos
Entretanto, el gobierno de Estados Unidos informó que enviará a 160 ingenieros y policías militares a dos cruces fronterizos oficiales para atender a las personas en busca de asilo en caso de que un tribunal federal de apelaciones anule una de las políticas clave del gobierno.
Altos funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza explicaron ayer que el personal estará en los puertos de entrada de El Paso y San Diego.
La medida es una respuesta a las multitudes que se reunieron en un cruce de El Paso el viernes pasado luego de que la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos anuló temporalmente el programa conocido como Permanecer en México, que obliga a quienes busca asilo a quedarse en ese país mientras sus casos se ventilan en la Unión Americana.
Los funcionarios cerraron ese cruce fronterizo durante varias horas esa tarde antes de que la corte diera marcha atrás. El miércoles, la corte otra vez tomó una decisión en el caso, esta vez al bloquear el programa en Arizona y California, los dos estados fronterizos bajo su autoridad.
Agencias
