CIUDAD DE MÉXICO.- Tomando como base que en México existen 122 zonas críticas forestales, donde operan bandas del crimen organizado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), impulsa en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para que la tala ilegal sea considerada como un delito grave con prisión preventiva oficiosa.
Silvia Rodríguez Rosas, subprocuradora Jurídica de la Profepa, dio a conocer que este paquete de iniciativas, que contempla modificaciones al Código Penal Federal, incluye además elevar las penas hasta 15 años de prisión contra los talamontes.
“La tala debe ser un delito grave, y yo diría que ya es de delincuencia organizada que afecta a las comunidades y que afecta la riqueza nacional, de tal forma que hemos impulsado esta reforma constitucional acogida por diputados y que ya se encuentra en la Cámara de Diputados en análisis.
También hemos presentado una reforma legal para incrementar la penalidad en materia de tala, que es uno de los ilícitos ambientales que nos parece que debe tener una penalidad mayor, actualmente la pena es de uno a nueve años y realmente pensamos que debe tener una penalidad que por lo menos alcance los 15 años máxima, con multas más elevadas para que se evite este ilícito”, explicó.
Al respecto, Patricio Vilchis Noriega, director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa, estimó que el 30 por ciento de la madera que se vende en México fue extraída de manera ilícita.
“Y sale de diferentes formas, una es a través de la tala ilegal, otra es a través de la remoción de la vegetación en cambios de uso de suelo sin autorización, y obviamente eso deriva en una cadena de ilegalidad que es el transporte, el almacenamiento y la transformación”, detalló.
Por su parte, Abigail Díaz de León, subprocuradora de Recursos Naturales de la Profepa, señaló que en los filtros carreteros se ha detectado “lavado de madera”, que es la alteración de documentos oficiales para movilizar y comercializar madera que no procede de un aprovechamiento autorizado, es decir, de materia prima forestal adquirida en el mercado negro o el uso de un mismo permiso para justificar varios cargamentos.
“Otra irregularidad que encontramos es la clonación de las marcas en la exportación de los recursos forestales, que es el sello que tienen los aprovechamientos autorizados para vender al exterior; el ilícito se comete cuando se clona la marca y se embala la madera sin realizar los procesos de tratamiento fitosanitario, lo que puede ocasionar problemas de plagas a otro país cruzando la frontera”, manifestó.
OPERATIVOS
De acuerdo a la Profepa, entre 2018 y 2020, se atendieron mil 514 denuncias en materia forestal; mil 179 fueron por tala ilegal, 223 cambio de uso de suelo y 112 incendios provocados, principalmente en Michoacán, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Zacatecas, Colima y Durango.
Entre 2019 y 2020 se realizaron dos mil 986 inspecciones, mil 88 recorridos de vigilancia y 237 operativos forestales, con los siguientes resultados: 69 aserraderos clausurados, 20 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal y el aseguramiento de 12 mil 69 metros cúbicos de madera, 307 vehículos, 781 toneladas de carbón y 488 herramientas y equipos.
DEFORESTACIÓN
En 2020, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque, una cifra muy alta tomando en cuenta que en el periodo de 2010 a 2015 se registró una deforestación promedio de 91 mil 600 hectáreas anuales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés), el país perdió de bosque tres veces la superficie que ocupa el estado de Tlaxcala que es de 401 mil 600 hectáreas.
Mientras tanto, Global Forest Watch colocó a México en el Top 5 de los países de América Latina con mayor deforestación en 2019 con 321 mil hectáreas, lo que equivale a 83.3 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono CO2.
Los cinco estados con mayores impactos fueron Baja California, Campeche, Chihuahua, Baja California Sur y Colima, donde se concentró el 58 por ciento de la deforestación.
Fuente: Excélsior
