Con sus impuestos, los contribuyentes en Texas pagan hasta mil millones de dólares anuales en servicios de educación, salud y albergue a los miles de migrantes que cruzan desde México a través de sus mil 200 millas de frontera con nuestro país.
Así lo alertó el Procurador del estado, Ken Paxton, al referir que en lo que va de 2022 se han registrado casi un millón de detenciones de migrantes en la franja fronteriza con México.
Ken Paxton forma parte de la administración del gobernador Greg Abbott, quien promovió medidas de inspección más rigurosas al transporte de mercancías, debido al incremento de la migración.
El procurador aseguró que existe una tendencia a la alza de la migración por la frontera entre México y Texas, pues de octubre a febrero de 2021 cruzaron de manera ilegal 397 mil 549 migrantes frente a los 842 mil 685 que se han reportado durante este 2022, lo que representa un aumento del 211 por ciento.
“Esta oleada de migrantes ha infligido graves costos a Texas, ya que el crimen organizado y cárteles de la droga continúan aprovechándose de los migrantes y los niños no acompañados a través de trata de personas y drogas, violencia, extorsión, agresión sexual y explotación. Estos crímenes afectan directa y desproporcionadamente a Texas y su frontera”, alertó.
El funcionario explicó que el costo económico para el estado es altísimo, pues Texas financia múltiples programas de atención médica que cubren a los migrantes ilegales. Tan solo en 2021 los servicios de salud conocidos como medicad de emergencia, el Programa de Violencia Familiar y el Seguro de Salud para Niños, representaron un gasto de 850 millones.
Los contribuyentes texanos pagan estos mil millones de dólares en diversos programas: entre 579 millones y 717 millones cada año por servicios públicos hospitalarios para brindar atención no remunerada a los extranjeros ilegales. Además, 152 millones para albergar a extranjeros criminales ilegales. Igualmente, entre 62 y 90 millones para incluir a los migrantes ilegales en el programa estatal de medicina de emergencia.
Un millón de dólares más por el Programa de Violencia Familiar para prestar servicios a extranjeros ilegales. Entre 20 y 38 millones para servicios de atención perinatal, así como entre 31 y 63 millones de dólares en planes de educación para menores no acompañados.
Esto, sin contar con los 6.6 mil millones de dólares en gastos que fueron reportados en 2016 a consecuencia del tráfico sexual de menores, además de los 600 millones de dólares anuales que reciben los traficantes y que necesariamente se traducen en ingresos fiscales perdidos.
En este contexto, el Procurador texano alertó que se prevé que los cruces fronterizos aumenten drásticamente en 2022 con la revocación del título 42 y otras acciones que ha implementado el gobierno del Presidente Joe Biden.
Por ello, advirtió que “cualquier obstáculo que impida a Texas o limite a los socios federales de involucrarse en actividades de control fronterizo o construir una barrera fronteriza financieramente perjudica a Texas, como mínimo, aumentando el número de extranjeros ilegales que reciben servicios sociales a expensas de Texas”.
El Procurador destacó que impedir que Texas participe en actividades de control fronterizo o construya un barrera fronteriza impacta no solo al estado, gobiernos locales, salud pública y la seguridad y las propias comunidades de la región.
“Estos impactos son materiales y duraderos. Al implementar esta regla, podría decirse que Texas no puede implementar medidas de disuasión probadas para proteger sus fronteras de la inmigración ilegal”, denunció.
Refirió que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que habrá más migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos que los registrados en los últimos 20 años. Por ejemplo, en febrero de 2021 se registraron 100 mil e incluso el jefe fronterizo en el estado de Texas, Raúl Ortiz ha señalado que la cifra podría ascender al millón, luego de que en mayo del año pasado, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), reportó que durante el mes de marzo se llevó a cabo la detención de 173 mil 348 migrantes en el suroeste; 178 mil 622 en abril de 2021, este último superando el aumento de la inmigración de abril de 2019 en un 63.25 por ciento, sin señales de disminución.
“Hay una crisis constante y cada vez mayor en la frontera, pues más de 100 mil migrantes son sorprendidos entrando ilegalmente a los Estados Unidos cada mes”.
Destacó que en los seis meses del año fiscal 2022, los agentes fronterizos han registrado un millón de ingresos ilegales y estiman que superen los dos millones al concluir el año.
Recordó que en 2021, el gobernador Greg Abbott hizo una declaratoria de desastre en los condados de Starr y Zapata, debido a la “oleada de personas que cruzan ilegalmente la frontera Texas-México”.
De acuerdo con CBP, el condado de Starr en el Valle Grande del Río Grande, las detenciones de migrantes se han incrementado un 421 por ciento entre 2017 y 2021.
El sector de Laredo, que incluye el condado de Zapata, las detenciones se duplicaron durante ese período. En esa zona, además, desde el primer trimestre de 2021, se ha registrado un aumento sustancial en las persecuciones a alta velocidad, decomisos de drogas y contrabando de personas, en una región que tiene una “notoria reputación de décadas de narcotráfico”.
En este contexto, defendió la construcción de un muro fronterizo con México, al señalar que para disuadir y prevenir la migración ilegal y el tráfico ilegal de drogas en la frontera suroeste, la construcción de barreras fronterizas, condujo a una reducción del 90 por ciento en las detenciones fronterizas en la región de Yuma” en el estado de Arizona.
La radiografía del costo de la migración desde México hacia Texas hecha por el Procurador Paxton se dio en respuesta al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos que solicitó al estado, declarar el algodoncillo como una especie de planta en peligro de extinción y para ello asignar un hábitat crítico en el territorio texano.
El Procurador General del estado explicó que esta decisión iba más allá de la protección de las especies, pues de debía tener el cuenta las implicaciones para la seguridad fronteriza, la seguridad nacional y del estado.
“La designación propuesta afecta potencialmente los esfuerzos actuales y futuros para erigir y establecer disuasivos para los cruces fronterizos ilegales, incluidos, entre otros, construcción de un muro fronterizo”, señaló en respuesta a la solicitud hecha. Las agencias federales han determinado que el impacto de las actividades de control fronterizo o la construcción de muros fronterizos tienen una importancia mínima o nula para el algodoncillo postrado, y, por lo tanto, la designación no es necesaria para proteger a la especie de ninguno de los dos”, añadió (Milenio).
