CHIHUAHUA.- El juez de control Felix Aurelio Guerra Salazar falló a favor de dar prisión domiciliaria al sacerdote Aristeo Trinidad Baca, acusado de abuso sexual de menores de edad en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo cual desató la inconformidad de la Alianza Feminista de Chihuahua.
El sacerdote de 74 años de edad enfrentara en su domicilio el juicio penal por su presunta participación en la violación y el abuso sexual agravado de una niña de 11 años. Para su decisión, el juez consideró que se trata de un adulto mayor y su estado de salud.
En un comunicado de prensa la Alianza Feminista de Chihuahua exhortó a las autoridades encargadas de la impartición de Justicia a que actúen conforme a Derecho y revoquen el proceso que mandata que una persona acusada de violencia sexual lleve el proceso bajo arraigo domiciliario. Es una posición de privilegio que le están otorgando al señor Aristeo Trinidad Baca sacerdote de Cd. Juárez, acusado de pedofilia y violación a una menor de edad.
No es posible que el Poder Judicial envíe este mensaje de impunidad a la sociedad, pues ya está más que demostrado que lo que la tiene postrada es esa pandemia que permea todos los ámbitos sociales y que la iglesia no es la excepción. Es la manera poco ética de jueces que aprovechan su cargo para beneficiar y dar veredictos de privilegio que indignan y preocupan y hacen pensar que estos sucesos son una muestra más del poder de la iglesia, que no está dispuesta a ceder y funge siendo una cueva protectora de maldad y de violación a los derechos humanos.
La medida cautelar que se ha otorgado es una bofetada, no solo para la familia de la víctima, sino para todas las familias que tienen en su haber sufrimientos por la misma causa. Alimenta el sentimiento de impunidad que prevalece en las justicia mexicana y explica la creciente ola de delitos sexuales contra niñas y niños. El efecto es aterrador por donde se le mire: pone en tela de juicio la imparcialidad de la justicia que se ejecuta, manda el mensaje de que los niños y niñas pueden ser violentados en sus derechos humanos, contribuye a la creación de un clima de “permisividad” en la comisión de delitos sexuales dirigidos a mujeres y niñas.
Este es un caso que ejemplifica lo que miles de casos de víctimas de pedofilia han vivido cuando se atreven a denunciar, sobre todo cuando los abusadores pertenecen a instituciones religiosas. La reincidencia del fenómeno de denuncia y de impunidad en las últimas dos décadas, ha mostrado una y otra vez que la Iglesia no tiene remordimiento ni misericordia para las víctimas.
Queremos decir a todas las víctimas que les apoyamos, que estamos con ustedes y que sabemos el valor que se necesita para poder denunciar a pesar de la presión de altos mandos eclesiásticos y de personas enajenadas por la religión. En el pasado lo común era que las víctimas solo pudieron reunir fuerzas suficientes para denunciar años después y la respuesta de la Iglesia Católica, siempre fue vergonzante como lo sigue siendo ahora, al privilegiar al pedófilo por sobre las víctimas.
Denunciamos y señalamos que la Iglesia e instituciones de justicia muestren solo misericordia para los criminales, porque la forma en que se procesó el caso muestra que el mandato del juez fue resultado de la presión de altos mandos eclesiásticos.
El abuso y violación sexual, es una forma de violencia que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad. La violencia sexual contra este sector de la sociedad regularmente se oculta y son las víctimas las que cargan con esa pena y con ese dolor. Los niños y las niñas, mueren de vergüenza, pues no logran entender que perdieron su inocencia con personas que supone deben cuidar por su bienestar físico y emocional.
Nos toca como sociedad apoyar, denunciar y cuidar a cada vida que ha sido maltratada y abusada, que no tienen el mínimo de los escrúpulos. Por la forma de impartir justicia y de ser tratado este caso siguen violentando con la indiferencia de la autoridad y muchas veces con la complicidad de los juzgadores, lo que da origen a una re-victimización de quien ya sufre por la impunidad que viven sus abusadores. Una forma de prevención de la comisión de estos delitos y del cambio en la cultura de la violación, consiste en el tratamiento justo e imparcial en la aplicación de la justicia y en el castigo a los responsables.
La Cumbre Contra la Pedofilia, llevada a cabo en el Vaticano en días recientes, resultó, como todas las iniciativas de la Iglesia hasta ahora, en una gran decepción para las víctimas, porque nuevamente no trascendió al discurso y la retórica.
Demandamos que la Iglesia reconozca la condición de criminales sacerdotes, para que enfrenten la justicia terrenal, sin privilegios por encima de la ley.
EXIGIMOS:
A jueces y juezas y a la Fiscalía de la Mujer, no doblen las manos ante estas presiones y mantengan su compromiso de velar por la justicia y la laicidad del Estado.
Un extrañamiento e investigación al Juez de Control Félix Aurelio Guerra por el resultado de la revisión de las medidas cautelares que derivan en una actuación atípica y de privilegio, con una audiencia en domingo (día inhábil) y el otorgamiento de prisión preventiva domiciliaria.
Garantía de no repetición: la impunidad se debe desterrar de todos las instituciones.
