Elecciones 2024, ¿con o sin nuevo árbitro electoral?

A menos de dos años de la elección presidencial de 2024, hasta hoy, los partidos, los líderes políticos y la ciudadanía no tienen certeza acerca de si habrá un nuevo árbitro electoral o si corresponderá al actual INE organizar los próximos comicios federales.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón concluirán sus funciones en abril de 2023, por lo cual quedarán vacantes cuatro sitiales de 11 del órgano electoral, a tan sólo un año de la elección presidencial.

Para el nombramiento de los nuevos consejeros electorales, cuya designación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, se requiere el voto a favor de al menos dos tercios de los legisladores, por lo cual, si Morena no tiene consenso con la oposición, no podrá haber nombramientos.

Aunado a este posible vacío, se espera que en septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se dictamine la iniciativa presidencial, presentada a la Cámara de Diputados, para crear un nuevo órgano electoral que sustituya al INE con nuevos consejeros elegidos por voto directo de la ciudadanía.

Sin embargo, esta posible reforma tiene el mismo “candado” que la elección de los consejeros del actual INE, es decir, necesita la mayoría calificada.

Para crear un nuevo organismo electoral se requiere modificar la Constitución y para lograrlo son necesarios dos tercios de los votos, es decir, más del 66%, en este caso en San Lázaro y en el Senado, por lo que Morena estaría obligada a buscar acuerdos con la oposición.

Pero aún en Morena existen distintas posturas respecto a si debe desaparecer al INE o no; en junio pasado el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que él está a favor de fortalecer al INE y advirtió de lo complicado que sería convencer a la oposición de crear un nuevo árbitro electoral.

Hoy, no se sabe quién organizará la contienda presidencial de 2024, sin embargo, los partidos ya muestran sus cartas: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, de Morena; Santiago Creel y Mauricio Vila, del lado del PAN; Enrique de la Madrid, por el PRI; y Luis Donaldo Colosio Riojas, por Movimiento Ciudadano.

LORENZO CÓRDOVA, ADIÓS AL INE

Los cuatro consejeros electorales del INE que concluyen su periodo el próximo año: Lorenzo Córdova, Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama han señalado públicamente que no renunciarán a su cargo y concluirán su encargo en los tiempos establecidos por la ley.

En febrero pasado, reunido con senadores del grupo plural del Senado, Córdova Vianello dijo que a partir del 4 de abril de 2023 regresará a su actividad académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

No renunciaré a mi cargo, tengo una responsabilidad constitucional y concluiré mi cargo. Tengo la firme intención de quedarme hasta el 3 de abril de 2023 y el 4 de abril nos tomamos un café, pero en mi cubículo como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la UNAM)”, dijo a los senadores ante una pregunta expresa.

Recientemente, al participar en el Seminario sobre Política Educativa en México organizado por el ITAM y el CIDE, Lorenzo Córdova expuso que lo realmente importante en la democracia son las instituciones, no las personas.

Al referirse a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), elaborada por el Inegi, agregó, el 65% de la ciudadanía está de acuerdo con la democracia.

Hay un dato que vale la pena resaltar, el INE es la institución pública que con casi un 60% es la institución pública civil que mayor confianza genera, sólo después del Ejército y la Marina en primer lugar y de la Guardia Nacional en segundo lugar, no es un asunto menor”, manifestó.

INICIATIVA ELECTORAL SIN DICTAMINAR

El 28 de abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Palacio Nacional su iniciativa de reforma electoral, la cual hasta el momento no ha sido dictaminada por comisiones de la Cámara de Diputados, en donde se busca crear un consenso y una mayoría calificada para que prospere.

La propuesta del Ejecutivo Federal busca la elección de consejeros y magistrados electorales a través del voto popular de los ciudadanos, con el objetivo de que “se terminen con los fraudes electorales”. Los consejeros serán elegidos a través de elecciones populares, y sus candidatos serán postulados por los tres poderes de la Unión.

De acuerdo con la iniciativa, el INE actual se transformaría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y para reducir sus gastos de operación en el marco de la austeridad republicana, los consejeros pasarían de 11 a 7, los cuales también se encargarían de organizar las elecciones locales en los estados.

Con ello, desaparecerían los Organismos Públicos Locales (Oples) y los tribunales electorales locales y regionales, dejando en operación solo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que sería el encargado de validar la legalidad de los comicios en todo el país.

Asimismo, propone reducir de 500 a 300 el número de diputados federales, y de 128 a 96 los senadores y a nivel estatal; también se plantea reducir el tamaño de los congresos locales, con rangos de 15 a 45 integrantes, según el tamaño de la población de las entidades federativas.

Busca, asimismo, reducir el presupuesto de los partidos, facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero e implementar el voto electrónico y permitir que el gobierno difunda propaganda informativa, aun durante los tiempos de la llamada veda electoral. De acuerdo con la iniciativa, con estos cambios se busca reducir en 24 mil millones de pesos el gasto en materia electoral en todo el país.

FALTA CONSENSO

PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano han señalado que la iniciativa presidencial en materia electoral presentada no contará con sus votos, pues afirman que debe mantenerse como árbitro electoral al actual INE.

Incluso, dentro de las filas del partido en el gobierno no existe consenso acerca de si la iniciativa presentada debe o no sufrir modificaciones, e incluso el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se ha pronunciado por fortalecer al INE en lugar de desaparecerlo.

No soy simpatizante de la desaparición del INE. Creo que hay que reforzar su existencia y reforzar sus facultades y funciones, pero no desaparecer a un órgano electoral que organiza elecciones”, comentó Monreal Ávila el pasado 23 de junio.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que lo más importante es apuntalar la imparcialidad del órgano electoral, pero no desaparecer al organismo que consolidó la alternancia política en el país.

Hay que reforzarlo, mantener la imparcialidad como principio rector, el profesionalismo y la objetividad, pero no desaparecerlo”, subrayó el también coordinador de los senadores de Morena.

El 9 de mayo de este año, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó su decálogo de propuestas de reforma electoral, que contempla cárcel a los servidores públicos que se refieran a temas político-electorales o realicen propaganda durante la veda electoral.

Propuso cancelar la sobrerrepresentación legislativa que existe actualmente a favor del partido en el gobierno y que el tamaño de los grupos parlamentarios se asemeje más al porcentaje de votación, y que existan sanciones punitivas contra los legisladores que se cambian de partido.

El panismo se dijo dispuesto a la negociación y a buscar acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, incluida Morena y con la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estamos abiertos a la construcción de una reforma, para que ésta no sea una surgida desde las entrañas del poder”, señaló el líder del PAN, Marko Cortés.

En septiembre próximo, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, podría dictaminarse la iniciativa de reforma electoral de la Presidencia de la República, sin que hasta el momento existan señales de consenso entre las fuerzas políticas para poderla aprobar.