El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comunicó ayer a las agencias involucradas en migración la decisión de poner fin, “tan pronto como sea posible”, al programa Quédate en México, pues si bien la iniciativa redujo los cruces, sus costos humanos “son sustanciales y no pueden justificarse”.
Las autoridades estadunidenses seguirán cumpliendo la orden de un juez de Texas de implementar el programa, por el cual decenas de miles de personas que buscaron asilo en EU han sido enviadas a territorio mexicano hasta que se dé “una decisión judicial final para anular” ese mandato.
La política conocida formalmente como Protocolo de Protección al Migrante (MMP, por sus siglas en inglés) fue iniciada por el gobierno de Donald Trump a finales de 2019 y al asumir la presidencia Joe Biden, lo canceló.
Sin embargo, un juez federal en Texas, en respuesta a la demanda iniciada por ese y otros estados, ordenó en agosto restaurarlo al menos hasta que se encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal” y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad para detener a los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en territorio estadunidense.
Aunque el gobierno de Biden anunció hace unas semanas que se preparaba para reanudar Quédate en México en noviembre, en el memorando enviado ayer a los titulares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Mayorkas les comunicó su decisión de poner fin al programa.
“El MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, apartó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular. No solo socava la capacidad de la administración para implementar cambios fundamentales en el sistema de inmigración, sino que no brinda el proceso justo y las protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, abundó.
Admitió que el MPP pudo haber reducido los flujos migratorios, “pero lo hizo imponiendo costos humanos sustanciales e injustificables a los individuos que quedaron expuestos a daños mientras esperaban en México”, pues además de estar sujetos a la “extrema violencia e inseguridad a manos de las organizaciones criminales trasnacionales mientras aguardan en México, enfrentan dificultades para obtener asistencia legal y viajar a las cortes a través de una frontera internacional”.
El documento también destacó que México ha dejado en claro que no está dispuesto a aceptar a los migrantes que su vecino del norte buscaba deportar bajo este programa, a menos que se realizaran mejoras sustanciales al mismo sin abundar al respecto.
En su lugar, sostuvo, se están impulsando políticas que desalientan la migración irregular a la vez que promueven “vías seguras, ordenadas y humanas”, que incluyen los esfuerzos para reformar el sistema de asilo y abordar las causas de raíz de la migración en la región.
“El Departamento continuará cumpliendo el mandato (del juez) de Texas que requiere la implementación y aplicación de buena fe de MPP. Pero la terminación de MPP será implementada tan pronto como sea posible después de una decisión judicial final”, señaló.
