Aunque la DEA acaba de nombrar a Rafael Caro Quintero como el prófugo “más buscado” y ofrece la inédita suma de 20 millones de dólares a quien dé información que lleve a su captura, el interés y las cuentas pendientes de las agencias de seguridad estadunidenses sobre él se remontan a inicios de siglo. Es evidente que en los lustros recientes los intentos por traerlo a los Estados Unidos a rendir cuentas han crecido, pero es el 2020 el año en que parecen más decididos a cumplirlo.
“Rafael Caro Quintero y sus años en el narcotráfico han puesto en peligro y costado vidas estadunidenses”, dijo el pasado 2 de diciembre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y aseguró que la institución que encabeza “en coordinación con la DEA y otras agencias, se han comprometido a atacar a Caro Quintero hasta que sea llevado ante la justicia”.
El anuncio de Mnuchin se hizo luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al mexicano Lucio Rodríguez Serrano como narcotraficante especialmente designado de conformidad con la Ley de Designación de Líderes del Narcotráfico (Ley Kingpin), por, presumiblemente, ser prestanombres de Caro Quintero.
El sinaloense de 68 años fue acusado en 1992 en California por delitos relacionados con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Pero es su caso abierto desde el 2017 en la Corte Federal del distrito este de Nueva York (EDNY) el que se halla activo. Tras la detención en enero de su sobrino Ismael Quintero Arellanes, El Fierro, por un comando de la Guardia Nacional asentado en Sinaloa, se dio a conocer la acusación en contra de ambos.
En ese documento se acusa a Caro Quintero por un cargo de participar en una empresa criminal continua, al dirigir desde 1980 una Organización de Tráfico de Drogas, un cargo más de conspiración para distribuir mariguana, uno más para distribuir heroína, metanfetaminas y cocaína, y un último por uso de armas de fuego para promover el tráfico de drogas, los tres últimos compartidos con El Fierro y otros personajes cuyos nombres aún se ocultan en el dictamen.
La DEA mantiene su acusación contra Caro Quintero por el asesinato del agente Kiki Camarena y advierte que no descansarán hasta dar con él.
Pese a que estuvo detenido en México desde 1985 purgando una condena de 40 años por el asesinato de “Kiki” Camarena, Rafael Caro Quintero formó parte de la primera docena de personajes incluidos en la Ley Kingpin promulgada por el entonces presidente Bill Clinton en diciembre de 1999 y que entró en vigor un mes después. Miguel Ángel Caro Quintero, hermano de Rafael, fue señalado en el 2001 por la misma ley que bloquea a los implicados sus propiedades e intereses comerciales sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.
En otro documento enviado en junio del 2020 al juez Ramón Reyes jr, quien lleva su caso en la EDNY, el agente especial de la DEA Jason Franks aseguró que, mientras estaba en prisión, Caro Quintero presuntamente seguía aliado con narcotraficantes mexicanos y usaba además a miembros de su familia para invertir su fortuna ilícita en empresas y proyectos inmobiliarios legítimos en México.
La declaración jurada de Franks tenía como objetivo aclarar a Reyes Jr. que el Departamento del Tesoro había nombrado a “la esposa de derecho consuetudinario de Caro Quintero, de nacionalidad mexicana, como narcotraficante”. Y que, “según un testigo colaborador, la esposa había utilizado a su hijo, Bryant Espinoza Aguilar, como testaferro”.
Jason Franks revela que en “una búsqueda de documentos públicos mexicanos se corroboró que una empresa denominada Scope International se registró como propietaria de una casa ubicada en Calle Farallón 304, Manzana XIII, Lote 1, en Jardines del Pedregal (la “Casa Calle Farallón”)”, la cual está ligada a la esposa, incluida desde hace años en la lista de la OFAC.
El agente de la DEA relata cómo la madrugada del 9 de agosto de 2013, un tribunal en México dictaminó que Caro Quintero podría ser puesto en libertad porque había sido juzgado indebidamente en un tribunal federal y no en uno estatal. “Aunque el fallo fue posteriormente anulado, Caro Quintero permaneció prófugo de la justicia mexicana y estadunidense”, acusa y aclara que eso motivó, que en octubre de ese año, se ampliara la designación de la OFAC al incluir a 20 nuevas entidades y un individuo vinculado a Caro Quintero.
A Caro Quintero, que en la acusación también identifican bajo los seudónimos de César, Don Rafa, Rafa, El Señor, 28, R1, Compa, El Hombre, El Pleve, El Canoso, El Crespo y The Old Man (El Viejo), se le relaciona con Rodríguez Serrano, por ser “ambos nativos de Badiraguato, Sinaloa, México, y amigos de toda la vida.
“Llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia es una de las principales prioridades de la DEA ya que fue responsable de la brutal tortura y muerte de un agente especial de la DEA en 1985 y no descansaremos hasta que sea detenido”, dijo por su parte el administrador interino de la Administración de Control de Drogas, Timothy J. Shea, en el mismo comunicado del pasado 2 de diciembre (Milenio).
