Garduño enfrenta juicio por muerte de 40 migrantes; libra prisión preventiva

Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), será enjuiciado por ejercicio indebido del servicio público y omisiones en su encargo, las cuales habrían propiciado la muerte de 40 migrantes en el incendio de marzo pasado en Ciudad Juárez.

El juez federal Víctor Hernández Calderón vinculó a proceso al titular del INM, quien enfrentará el juicio en libertad; sin embargo, deberá acudir a firmar asistencia cada 15 días, como medida cautelar.

La defensa de Garduño presentó más de 20 pruebas de descargo y argumentó que el comisionado era inocente, ya que había delegado responsabilidades en otros funcionarios.

Sus abogados alegaron que la empresa CAMSA, encargada de custodiar las instalaciones del centro migratorio, era la responsable de la muerte de los migrantes al interior de éstas, así como las lesiones en 27 más.

No obstante, el juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del funcionario federal.

Garduño Yáñez se reservó su derecho a declarar y, al salir de la audiencia, alrededor de las 22:00 horas de ayer, afirmó que seguirá en su cargo al frente del INM, ya que, de acuerdo con las garantías constitucionales, tiene derecho a ello.

El pasado 11 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Francisco Garduño por presuntas omisiones para garantizar la seguridad de los migrantes al interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

Tragedia en estación migratoria de Ciudad Juárez: vinculan a proceso a Garduño

El juez federal Víctor Hernández Calderón vinculó a proceso al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, así como de omisiones en su encargo, que llevaron a la muerte a 40 migrantes y dejó lesiones en 27 más, en el incendio suscitado en las instalaciones de la estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez.

Aunque el juzgador no le impuso prisión preventiva, Garduño deberá acudir a firmar cada 15 días. Desde el pasado 25 de marzo, Garduño recibió la medida cautelar de la firma periódica.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia federal en Ciudad Juárez.

A pesar de los alegatos de la defensa de Garduño, en el sentido de que el comisionado era inocente, pues había delegado dichas responsabilidades en otros funcionarios, el juez consideró que había elementos suficientes para iniciar el proceso penal en su contra, por lo que lo vinculó a proceso y fijo una fecha para las descarga de pruebas.

En la audiencia, el abogado del comisionado del INM presentó más de 20 pruebas de descargo, las cuales son analizadas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón.

De manera directa, la defensa consideró que la empresa Camsa, que custodiaba las instalaciones, fue la responsable de lo sucedido, debido a que sus trabajadores tenían bajo su poder las llaves de las instalaciones en las que se desarrolló el incendio.

Sin embargo, el juzgado de Control estimó que Garduño Yáñez debe continuar bajo investigación.

El comisionado del INM se reservó su derecho a rendir declaración ante el juez durante la audiencia que se llevó a cabo ayer.

Al salir de la audiencia, alrededor de las 22:00 horas, el aún comisionado dijo que, a pesar de haber sido vinculado a proceso, él seguirá en su cargo al frente del INM, ya que tiene derecho a eso, de acuerdo con sus garantías constitucionales, al igual de reservarse el derecho a declarar.

Dijo que continuará en el encargo hasta que se le diga lo contrario, pues el proceso aún no termina.

Añadió que “seguiré guardando silencio y seguiré trabajando en el INM.

Además, añadió que la Comisión de Víctimas anunció el proceso de reparación de daños a los afectados.

El pasado 27 de marzo, 40 migrantes fallecieron y 27 más resultaron heridos, luego de que se incendiara la estación migratoria de Ciudad Juárez, sin que se hicieran algo para rescatarlos.

¿Qué es la vinculación a proceso?

En resumen, la resolución por la que el juez de Control, dentro del plazo constitucional (72 o 144 horas), determina la situación jurídica del imputado. Es decir, se decide si el imputado puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen.

La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma.

Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral.

Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado.

Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.
Si el juez de Control dictamina que se vincula al proceso, durante la etapa de investigación complementaria, el Ministerio Público sigue reuniendo información relevante para presentar, ahora sí, una acusación formal.