La propuesta de Morena para dar facultades al Inegi a fin de revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas generó el rechazo de cámaras empresariales y analistas, que consideraron inviable el plan porque contraviene la confidencialidad de datos de la población.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, calificó como una aberración el darle esas atribuciones al Inegi.
“Nos oponemos. No queremos un Estado socialista. Estamos de acuerdo en el estado de bienestar, como países escandinavos, en el que haya una distribución de la riqueza que no se concentre en unas manos, pero no llevar al extremo de coartar la libertad de una persona a tener una empresa”.
Rechazó el plan de fiscalizar el patrimonio de la población al estilo comunismo soviético por tratarse de una intromisión en el régimen de libertades.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, rechazó el plan de darle esas facultades al Inegi, así como las intenciones de gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso.
El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó un plan de bienestar y lucha contra la desigualdad, en el cual se considera el concepto del estado de bienestar, que el Inegi mida la concentración de la riqueza en México, revise la progresividad fiscal, así como que se cree un consejo fiscal y fortalezca a la Comisión Federal de Competencia Económica.
El director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz, dijo que a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se realiza de manera exacta la medición de la riqueza de las personas físicas y morales en el país.
Consideró innecesario que el Inegi asuma esa tarea, pues esa información está reservada para objetivos de recaudación y, por lo tanto, con el marco legal vigente no sería posible que se comparta.
Expuso que “la molestia de esta propuesta es por la percepción de que el Estado busca tener pleno conocimiento de los recursos que existen en la población”. Por ello, opinó que el plan va más allá de la medición y que es probable que tenga más propósitos redistributivos.
Es decir, que en la medida en que la economía no crece el gobierno quiere tener el detalle de lo que posee cada persona para redistribuir lo que existe, subrayó el experto.
En conferencia, miembros del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señalaron que el plan de Morena tiene pocas posibilidades de avanzar, porque no comulga con la política del Ejecutivo.
“La vemos con muy baja probabilidad de que se apruebe a la luz de lo que ha pasado y lo que ha dicho el Presidente”, manifestó el titular del Comité Nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas.
Respecto a que el Inegi mida la desigualdad, estableció que si bien no hay un buen cotejo de la riqueza y desigualdad en el país, tal vez en otra época pudo ser útil: “La parte baja de la pirámide está bien medida, no hace falta, hoy con los registros fiscales es más que suficiente”, enfatizó.
En opinión de Héctor Magaña, académico del Tecnológico de Monterrey, la alternativa es tratar de evitar la evasión fiscal. Si no se combate esta elusión y tampoco la economía informal, va a llegar un momento en el que si se le carga mucho el pago de impuestos a un solo sector de la población, va a reventar.
El coordinador de Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, Ignacio Martínez, advirtió que no porque haya creación de riqueza o redistribución, los habitantes de pueblos alejados van a mejorar su bienestar con relación a las ciudades de alto nivel socioeconómicos, porque las oportunidades laborales son muy distintas.
Hay un problema metodológico en términos de cómo se levantan las encuestas del Inegi, comentó Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
