Ciudad de México.– Una vez que se pronuncie la Suprema Corte, Morena presentará ante la Permanente una solicitud para que se convoque al Senado a un periodo extraordinario e iniciar la declaratoria de desaparición de poderes en Tamaulipas.
De acuerdo con el borrador de la propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al cual MILENIO tuvo acceso, se cumplen con dos de los cinco requisitos para que el Senado declare la desaparición de poderes, que se: 1. quebrantaren los principios del régimen federal y 2. abandone el ejercicio de sus funciones.
En el documento se expone que existen violaciones del Congreso local al pacto federal debido a que emitió un acuerdo de no homologación para encubrir al gobernador respecto de quién la Cámara de Diputados determinó que existían elementos para proceder penalmente por defraudación fiscal. Por ello, se valieron de la ley de responsabilidades que previene un procedimiento de homologación.
Se menciona que existen violaciones al pacto federal y abandono en el ejercicio de sus funciones del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, “con el argumento de que su fuero proviene de la Constitución local y no de la federal, lo que resulta contrario a la Carta Magna”.
Para que la Permanente convoque a un extraordinario en el Senado y decida si es procedente la declaratoria de desaparición de poderes, requiere de 25 votos de los 37 senadores y diputados que integran su pleno; sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados, solo cuentan con 24.
Se insiste que la declaratorias de procedencias aprobadas por San Lázaro son “inacabables”, porque no existe recurso legal ni parlamentario por medio del cual se pueda modificar o anular su sentido.
Se aclara que lo ocurrido en el procedimiento de homologación del Congreso de Tamaulipas fue una revocación de la declaratoria lo que se resulta contrario a la Constitución, debido a que se somete a consideración de un poder local una resolución de la Cámara de Diputados materializándose como un órgano de segunda instancia capaz de revertir la declaración de procedencia aprobada por San Lázaro”.
