Todo lo que no debería pasar en una estación migratoria ocurría en la de Ciudad Juárez: hacinamiento, alimentos echados a perder, falta de agua y papel higiénico, extintores inservibles, sin botones de alarma, sin ventilación suficiente, falta de un registro de los indocumentados que igual en los baños o en los dormitorios fumaban cigarros vendidos por los propios guardias, quienes les daban hasta los encendedores, los mismos con los que prendieron las colchonetas y los plásticos que ocasionaron la tragedia del pasado 27 de marzo.
Desde los cimientos todo estaba mal: un peritaje en materia de Protección Civil reveló que el inmueble no cumplía con la normatividad para poder operar, y es que los migrantes no deberían estar encerrados y hasta una celda estaba soldada, las llaves de un candado nunca las encontraron y eso fue fatal para 40 indocumentados, quienes hasta en los últimos momentos de sus vidas fueron denigrados.
“Que les vaya bien”, dijo “en forma burlona”personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a los migrantes encerrados que les pidieron ayuda porque el fuego ya comenzaba en los dormitorios de hombres.
Esto lo relató un indocumentado a la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos representantes dieron a conocer este viernes parte de esta entrevista ministerial durante la audiencia inicial del director General de Control y Verificación Migratoria del INM, Antonio Molina, a quien le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con este testimonio, algunos migrantes encerrados comenzaron a agarrar agua de los excusados para intentar sofocar el fuego, una cruel ironía si se considera que “la protesta” de los indocumentados empezó por la falta de agua potable en este centro de detención.
“El agua era su reclamo”, reveló la agente del Ministerio Público de la Federación, Marisol Montero.
“Desde las 8 de la mañana se quejaban de que no contaban con agua”, declaró ante el Ministerio Público de la Federación, Omar Indalecio Pérez Martinez, supervisor de seguridad de la estación migratoria de Ciudad Juárez, quien abundó que le notificó esta situación a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del INM.
“Me dijo que llenara los garrafones con agua de la llave, que no era mala, que no había más”, contó el guardia de seguridad privada, quien le pidió a una supervisora de nombre Paloma confirmar esta orden, la cual finalmente rechazó porque “el agua tenía una tonalidad amarilla y no quería los migrantes se enfermaran”.
Pero entonces empezó “la bulla” y Omar Indalecio Pérez Martinez se percató del incendio, por lo que corrió a buscar un extintor.
“No encontró ninguno hasta el área de recepción de usuarios”, aseveró.
Un dictamen en materia de seguridad industrial reveló que en esta estación migratoria había cuatro extintores, dos estaban bloqueados pero podían servir, otro de plano estaba inservible y el único disponible la noche de la tragedia tenía poco gas.
“Después de cinco ‘extintorazos’ y se terminó”, reveló el guardia de seguridad privada, quien dio a conocer que habló por teléfono con el contralmirante Salvador González, encargado de Migración en Chihuahua, quien le preguntó por qué no habían podido abrir el candado.
“No se encontraron las llaves y el material del candado era demasiado duro y no había material para romperlo”, le reviró.
Un informe de inspección del lugar del policía de Investigación, signado por Enrique Pérez Frías, concluyó que “los migrantes se encontraban en una tipo celda, protegida con barrotes, es un centro de reclusión”.
Incluso, de acuerdo con un dictamen en materia de incendios y fuego, en el dormitorio de hombres había dos puertas de “rejas metálicas”: una soldada y la otra bajo candado.
En este informe también se da cuenta que esta estación migratoria no contaba con ventilación adecuada, tal es el caso que cuando los bomberos y el personal de Protección Civil ingresó tuvieron que hacer un agujero en la pared con un marro para poder respirar porque se ahogaban con el humo, además de que por ese boquete lograron sacar a los sobrevivientes y los cuerpos de los muertos.
“En el Instituto Nacional de Migración fueron omisos con el protocolo que debe aplicarse en las estaciones migratorias”, concluye un dictamen en materia de seguridad industrial.
