Esta semana, la Comisión de Gobernación del Senado de la República iniciará el análisis de las solicitudes para desaparecer los poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, mismas que propusieron los partidos Morena y PAN, pero estas no procederán, según especialistas en materia constitucional.
Consultados por EL UNIVERSAL, dos especialistas del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad La Salle convinieron que la desaparición de poderes en cualquiera de los tres estados es improcedente, pues la ley regulatoria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional, donde se le da el poder al Senado de desaparecer los poderes de algún estado, limita mucho esta posibilidad.
La también conocida como “Ley López Portillo” –se emitió en 1978, bajo el mandato del expresidente de México, José López Portillo–, surgió para regular esta capacidad del Senado, que en los años 1960 y 1975 desapareció los poderes de Guerrero e Hidalgo, respectivamente.
¿Qué dice la ley?
La Ley López Portillo establece que la desaparición de poderes solamente procederá cuando alguno de los titulares de los poderes abandone el ejercicio de sus funciones sin aviso a causa de fuerza mayor, generen conflictos que afecten la vida del Estado, prorroguen su permanencia en el cargo o promuevan una forma de gobierno distinta a la que fija los artículos 40 y 115 de la Constitución.
Solamente senadores, diputados o ciudadanos de la entidad en cuestión tendrán la facultad de presentar una solicitud al pleno del Senado de la República para desaparecer los poderes. El pleno deberá enviarlo a la Comisión de Gobernación del órgano legislativo y ésta tendrá cinco días para resolver.
¿Por qué en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas?
Todo comenzó la semana pasada, cuando el PAN anunció que pediría la destitución de poderes en Veracruz, donde gobierna Morena con Cuitláhuac García. Los panistas acusaron que en la entidad se viola “constantemente” el Estado de Derecho y los niveles de inseguridad son alarmantes.
Después, la fracción de Morena amagó a los panistas con desaparecer los poderes de dos estados en donde gobiernan: Guanajuato, con Diego Dinhue, y Tamaulipas, con Javier García Cabeza de Vaca. Supuestamente, porque también “viven una crisis de inseguridad”.
“Un arrebato, una cortina de humo”
Julio Jiménez, constitucionalista de la Universidad La Salle, calificó la intención de ambos grupos políticos como “un arrebato y una cortina de humo para ejercer presión legislativa”, pues en las posibilidades para desaparecer los poderes no se incluyen los niveles de violencia, al ser ésta responsabilidad también del gobierno federal.
Jiménez consideró que la desaparición de poderes podría proceder en casos donde ya no exista gobernabilidad, es decir, cuando los ciudadanos de un estado se rebelan ante el poder local por alguna causa, y eso sí puede ser la violencia o inseguridad con la que viven día a día.
Gustavo López Montiel, especialista del Tecnológico de Monterrey, consideró que el intento e ambas fracciones se quedará solo en solicitudes, pero “la guerra política entre PAN y Morena” sí podría traer resultados palpables en otras decisiones, como el Presupuesto de Egresos que se discutirá en la Cámara de Diputados.
El Universal
