‘Quiere presidente ser juez y parte de las elecciones’

CIUDAD DE MÉXICO.- México ya ha tenido presidentes “guardianes” de las elecciones, pero, como no funcionaron, hace 30 años se creó el Instituto Federal Electoral que luego se convirtió en la autoridad nacional, explicaron especialistas electorales, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera declaraciones al respecto el pasado lunes.

Tanto el exconsejero del INE y académico del CIDE, Benito Nacif, señaló que, en los gobiernos del PRI, cuando aún Gobernación organizaba las elecciones, “el que el Presidente fuera el guardián de las elecciones funcionó en un sistema donde las elecciones no eran competitivas, el resultado siempre era el mismo: ganaba el partido en el poder”.

Velaban por su partido

Agregó que la premisa del presidente guardián tiene detrás la idea de que “el Presidente es una autoridad imparcial en materia electoral cuando sabemos que no lo es, y que es parte de un partido político, tiene un interés en un determinado resultado electoral que le favorezca a su coalición, que le siga permitiendo tener el poder que tiene en el Congreso; entonces, lo que realmente está tratando de hacer es convertirse en juez y parte de las elecciones.

Por su parte, la exconsejera Pamela San Martín comentó que luego de esa parte de la historia de nuestro país en el que había urnas embarazadas, los muertos votaban, personas sufragaban dos veces o sin identificación electoral, así como prácticas como la compra del voto, se decidió que recayera en un organismo autónomo la responsabilidad de organizar y vigilar los procesos para las elecciones.

“Esto necesita una profesionalización y se crea una estructura desconcentrada que es profesional, pero se complementa con otro elemento, que es el elemento ciudadano”, explicó la exfuncionaria, quien agregó que “tenemos en un proceso electoral a las juntas que son nuestros profesionales locales junto con los consejos, que es la estructura ciudadana para garantizar las decisiones y la vigilancia sobre esa estructura profesional, y luego lo llevamos, incluso, a la casilla. ¿Quiénes son los que reciben y cuentan los votos?, pues nuestros vecinos. ¿Cómo se eligen? al azar”.

se modificó la ley para evitar injerencias

Nacif coincidió también con San Martín en recordar que por Vicente Fox y sus refranes en tiempos electorales se modificó la ley para prohibir las injerencias de los presidentes.

Aunque luego de las declaraciones del presidente López Obrador, su consejero jurídico, Julio Scherer, explicó que la intención del Presidente es evitar que los recursos públicos puedan ser desviados a campañas electorales, lo cual, dijo, no es intervenir, sino ser “responsable y demócrata”, Nacif subrayó que “la ley expresamente prohíbe la participación de los funcionarios en los procesos electorales”.

Propaganda

Añadió que los funcionarios deben abstenerse de intervenir, utilizar recursos públicos, de hacer propaganda gubernamental en tiempos electorales y promoción personalizada, y “esto es importante ahora porque las conferencias de prensa de las mañanas del Presidente son una forma de propaganda gubernamental. Hemos visto cómo el Presidente se aparta de lo que establece el 134 constitucional, que mandata que la propaganda debe ser institucional, neutral, sin influir en el desarrollo de las elecciones”.

Por su parte, San Martín apuntó que a quien le corresponde investigar si hay un uso indebido de recursos públicos “eventualmente será el INE, pero las medidas preventivas para garantizar que esto no ocurra sí le corresponden al Presidente de la República y me parece que, sin duda alguna, es algo que es exigible al Presidente de la República y que es una práctica que debe ser combatida por todas las vías”.

Concluyó que, como el Presidente no es el guardián, y sí lo es el órgano electoral, el contexto de exigencia debe ser para que el INE frene eficazmente la búsqueda de “incidencia” que quieren asumir los servidores públicos y que no les corresponde.

¿QUIÉN VIGILA QUÉ?
El INE es el encargado de cuidar que los comicios se realicen de la forma correcta.

Debido a la desconfianza para el tema electoral, los procesos electorales en México son vigilados por diferentes actores. Pero, en ningún caso, la ley atribuye facultades de vigilancia al Poder Ejecutivo.

De esta manera, el INE vigila a los partidos políticos, las campañas, la capacitación de ciudadanos para las casillas, a los funcionarios públicos, a los medios de comunicación, encuestadoras y a los Oples, entre otras cosas.

Los partidos políticos vigilan al INE en sus decisiones en Consejo General, la operación de módulos ciudadanos, la conformación del Padrón y listas nominales, la redistritación, a los ciudadanos funcionarios de casilla durante la jornada electoral, a los gobiernos y sus funcionarios y a otros partidos políticos.

Los ciudadanos vigilan al INE dentro de los consejos locales y distritales y participan en el Consejo General como consejeros, además de vigilar el día de la jornada electoral, las votaciones, los conteos de votos y que se entreguen los resultados electorales (como funcionarios de casilla).

El Tribunal Electoral es el encargado de dirimir controversias entre los actores políticos y vigila que se cumplan las leyes electorales, ante quejas de los actores, como, por ejemplo, en controversias entre los partidos y el INE, en el interior de los partidos; partidos contra partidos, ciudadanos contra partidos y ciudadanos contra el INE, entre otros.

Como vigilantes externos se puede mencionar a los observadores electorales, los visitantes extranjeros e instancias contratadas para vigilar expresamente algunos procesos, como la UNAM, la cual audita el Programa de Resultados Electorales Preliminares, o en el futuro, las dos auditoras que tendrán que vigilar el programa del voto desde el extranjero para la modalidad por internet.

También está el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la cual vigila las finanzas de las personas políticamente expuestas y coadyuva con el INE para la fiscalización de recursos, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT, o la Auditoría Superior de la Federación.