El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, y de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.
En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).
La solicitud de información la envió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y fue recibida el pasado 14 de abril; en ella detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del expresidente.
En la petición aparecen, al menos, 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA México y Banco Multiva, entre otras.
La Función Pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finalizó su sexenio.
El oficio también pide una revisión en casas de cambio, entidades de ahorro y demás relativas “en las que figuren con el carácter de titular autorizado y/o beneficiario” de Peña Nieto Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña.
Después de este rastreo, la Función Pública solicita que se le proporcione “copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha”.
EL UNIVERSAL consultó a la Función Pública sobre la autenticidad del documento y un vocero de la institución respondió que en cualquier investigación, por cuidado del debido proceso, se complica dar información o comentarios en un sentido u otro.
Bajo la lupa
En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó toda la información relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde 2010 a la fecha, “con la finalidad de ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera”.
En este documento, del cual también EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de “investigados” y se solicita además toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.
“Hágase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de Cumplimiento de la institución requerida, por lo que se hace a la siguiente información, en lo correspondiente de manera electrónica, y en el caso aplicable conforme a las disposiciones y sus anexos correspondientes, a partir de noviembre de 2017, en archivo electrónico Excel modificable, respecto a la información de cada contrato, crédito y/o casa, cuenta localizada o registrada a nombre de las personas investigadas o bien en su calidad de cotitulares y/o terceros facultados o autorizados, beneficiarios finales, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o alguna otra figura en la que no funjan como titulares de manera directa”, define el documento.
Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales de 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la señalada, hasta la fecha de recepción del presente.
Asimismo, pidió el expediente de identificación del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos físicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.
También, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; también, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituibles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en dichas escrituras.
“Las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente solicitud POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁN ALERTAR AL CLIENTE”, explica la segunda hoja del segundo oficio.
El Universal