Rediseñan programa Quédate en México

WASHINGTON.- Con variantes, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiniciará el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite el nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que Estados Unidos aceptó las “preocupaciones de carácter humanitario del gobierno de México”.

Entre las nuevas disposiciones, están mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables y la aplicación de medidas contra covid-19: revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes.

Más de 70 mil personas que solicitaron asilo, la mayoría procedente de Centroamérica, fueron adheridas a estos protocolos en los dos años que estuvo vigente durante el gobierno del presidente Donald Trump.

El presidente Joe Biden puso fin a la política conocida oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante poco después de su toma de posesión en enero.

Sin embargo, posteriormente, un juez federal determinó que la revocación de Biden no siguió el procedimiento adecuado y en agosto ordenó su restablecimiento.

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos afirmó que tenía que esperar el acuerdo de México antes de que la política pudiera ponerse nuevamente en marcha.

EL ACUERDO

Por su parte, el gobierno de México anunció que acogerá de manera temporal a aquellos migrantes que sean expulsados de Estados Unidos mientras llevan a cabo los trámites de asilo pertinentes para poder volver a entrar, como determina el programa Quédate en México.

El gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”, detalló Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.

La decisión fue consensuada por la Casa Blanca y las autoridades mexicanas.

México afirmó que aún no se ha fijado una fecha para el inicio de las primeras devoluciones, aunque confía en que comenzarán en “muy corto plazo” de tiempo.

A su vez, señaló que el acuerdo con Estados Unidos se alcanzó después de que la administración que encabeza Joe Biden haya aceptado una serie de preocupaciones.

Entre ellas, “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección de grupos vulnerables, considerar las condiciones locales de seguridad”, así como la atención del Instituto Nacional de Migración (INM).

La implementación se coordinará tanto a nivel central entre Ciudad de México y Washington, como, de manera particular, a nivel frontera”, afirmó Velasco.

Las autoridades de nuestro país anunciaron que vigilarán un proceso gradual y ordenado, en apego a los derechos humanos de las personas migrantes.

Todas estas personas extranjeras estarán sujetas tanto la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, como al controvertido Artículo 42 del Código Sanitario, que permiten expulsar a quienes, tras ingresar de manera irregular, soliciten asilo sin permitirles comparecer ante un juez migratorio”, afirmó.

Organizaciones de la sociedad civil han criticado el programa Quédate en México por el riesgo en el que se encuentran los migrantes.

Durante 2019, hubo registros de secuestros en la frontera norte de México, de acuerdo con un informe del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de ilícitos se registraron; siendo el crimen organizado y la policía federal los principales perpetradores.

Del total de los reportes, 13 por ciento pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales, y 38 a familias, según al análisis del programa que se implementó formalmente el 29 de enero de 2019.

En tanto, la organización Amnistía Internacional (AI) ha cuestionado esta estrategia.

Según un recuento realizado tras la activación del programa, 40% de las personas expresaron su temor de regresar a México.

AI afirmó que las expulsiones violan el derecho internacional.