Nacional.- En dos años, las sanciones contra servidores públicos que no acataron determinaciones federales y estatales en materia de transparencia y protección de datos personales se incrementaron más de 100%, de acuerdo con el Inegi.
Datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal 2023 indican que durante 2022 se impusieron tres mil 843 medidas de apremio a servidores públicos por distintas omisiones, lo que representa un aumento de 102.4% respecto a 2020, cuando se registraron mil 899 sanciones.
Del total, 99.9% de las medidas (tres mil 841 casos) se registró en materia de acceso a la información pública y 0.1% (dos casos) en protección de datos personales.
Las sanciones impuestas con mayor más frecuencia fueron “otra medida de apremio” y “amonestación pública”. Las alcaldías de la Ciudad de México concentraron la mayor parte de las medidas de apremio, con 72.1% del total, seguidas del Poder Ejecutivo federal (10.8%) y los sindicatos (1.4%).
Sin embargo, no sólo los funcionarios públicos fueron sancionados por fomentar la opacidad o no proteger los datos personales. Los censos del Inegi revelan que durante 2022 el Inai y los organismos garantes (OG) estatales impusieron mil 497 sanciones a los sujetos obligados por incumplir sus responsabilidades, lo que representa un incremento de 704% en comparación con las 186 sanciones reportadas en 2020.
El total de dinero recabado por las multas a los sujetos obligados fue de cuatro millones 446 mil 216 pesos, con Nuevo León como la entidad con mayor monto (dos millones 295 mil 868 pesos), seguida de Zacatecas (un millón 295 mil 780 pesos) y Tlaxcala (678 mil 351 pesos).
