Superdelegados insisten en promoción; reclaman que limitarlos es absurdo

Los superdelegados del gobierno federal afirmaron que el castigo de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para no promover programas sociales federales es ridículo y absurdo, además de que tiene un principio de interpretación excesiva de la ley.

Hugo Eric Flores, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en el estado de Morelos, aseveró que el fallo de los magistrados para que no se usen chalecos y gorras de los llamados Servidores de la Nación durante la entrega de programas sociales “es verdaderamente absurdo y ridículo”.

Afirmó que limita cumplir su función de gobierno, pues los superdelegados no hacen ninguna promoción política.

“Si andamos de gira, esta limitante no nos permite subirla a redes sociales, ni siquiera en un sitio institucional, mucho menos a un espacio personal”.

“Es una limitación bastante grande, y todo empezó con el uso de unos chalecos, (de Servidores de la Nación) pero ha venido creciendo, y nos parece absolutamente absurda la petición y por eso impugnamos esta resolución y la llevamos al TEPJF”.

Estos chalecos, agregó, tenían “el nombre del Presidente de la República, pero se usaban desde antes de que iniciara el gobierno, y como éste es un gobierno de austeridad, no podemos tener otros”, remarcó.

El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, afirmó que impugnó el fallo porque está defendiendo un principio de interpretación excesa de la ley.

“A nosotros nos señalan y sancionan en razón de que utilizamos primero los chalecos en época de transición, lo cual, insisto, consideramos un exceso del Tribunal y, dos, por mencionar en algunas intervenciones que ejecutamos actos por instrucciones del Presidente, pues claro que toda la acción que nosotros ejecutamos como representantes de la República en los estados, es por instrucción presidencial.”

El delegado en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que es absurda la sentencia del TEPJF.

“Yo lo que reclamo es que no se violenten mis derechos. En mi caso fue una sentencia que no tiene pies ni cabeza. Iniciaron acusando que se hacía proselitismo a favor del Presidente y demostramos que no es real, porque ni hay elecciones ni hay otro cargo al que el Presidente pueda aspirar”, aseguró.

Sobre todo, porque, afirmó, en las conclusiones los togados señalan que no hubo responsabilidad.

Huerta no respondió si esta decisión del Tribunal es un freno a posibles aspiraciones políticas y dijo que sólo trabaja en lo que le ha encomendado el Presidente.

El delegado en Baja California Sur, Víctor Castro, negó que los recorridos que realiza por la entidad tengan tintes políticos: “No ando en campaña y si recorro con frecuencia el estado es porque ando en tareas de evaluación de los programas sociales, algunos me critican porque vamos de un lugar a otro, pero el propósito es evaluar; el mismo Presidente de la República pone el ejemplo”, expresó para Excélsior.

Proceso en el TEPJF

La Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría del Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Como parte de las faltas cometidas por los funcionarios públicos se incluyó el uso indebido de la imagen del Presidente.

Rafael Hernández Estrada, asesor de la dirigencia del PRD, que denuncia las ilegalidades de los superdelegados, afirmó que las impugnaciones que presentaron los funcionarios federales no están sustentadas.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón suma todas los recursos de impugnación y se encargará de elaborar el proyecto de resolución.