Inversionistas del sector eléctrico en México alertan de posibles riesgos de una vuelta a la estatización en esta industria.
Julio Valle, vocero de las asociaciones mexicanas de energías Eólica (AMDEE) y Solar (Asolmex), señaló que el principal riesgo que están evaluando tanto de los capitales invertidos y los que hasta ahora están en cartera es la incertidumbre jurídica: “Eso es lo que genera más ruido”.
La señal que están enviando con las medidas adoptadas es que “quieren hacerlo todo sin ayuda de nadie, parece que el sector y las discusiones se están llevando a la arena ideológica”.
Consideró que difícilmente “vamos a [hacer] cambiar de opinión al gobierno (…), porque tiene claro qué quiere hacer, (…) aunque nosotros no estamos de acuerdo en cómo lo está haciendo, al poner en riesgo el marco jurídico. En ese sentido, hay riesgos muy grandes en el sector energético.
“Incluso pareciera que hay varios gobiernos: por un lado está la Secretaría de Energía, que marca un posible camino a la estatización, y por el otro, están las secretarías de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Semarnat y la Cofece, que parece que apuntan a una dirección contraria a lo que las autoridades del sector energético les marcan”.
Creemos, dijo, que hay consensos sobre qué tenemos que hacer, y soluciones que se están discutiendo con el gobierno, en donde hay muchas coincidencias, “pero el sector energético es el que se mantiene con una brújula un poco desorientada en este sentido”.
La Barra Mexicana del Colegio de Abogados consideró inaceptable que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) extralimiten sus facultades, a través de acuerdos y políticas que regulen o legislen en abierta violación a la Constitución.
Al expresar su punto de vista sobre los acuerdos que modifican el régimen en energía, manifestó su preocupación por el “rompimiento del orden jurídico nacional”, por lo que solicitó al Poder Ejecutivo revisar y dejar sin efecto estas medidas “regresivas e irregulares”.
Sostuvo que el Acuerdo Cenace y la política energética publicada por la Sener en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “fueron emitidos violando la Constitución, así como las leyes de la Industria Eléctrica, General de Mejora Regulatoria, de Transición Energética, de Cambio Climático, de Competencia Económica, de la Administración Pública Federal, de Cofemer y de las recomendaciones de la industria mexicana, de la Unión Europea y Canadá, en su carácter de socios comerciales”.
Dichos acuerdos, añadió, eliminan los incentivos a la inversión en energías limpias y la creación de empleos derivados de esas inversiones, modifican el régimen de generación de energía del país y crean un ambiente de competencia desequilibrada a favor de la CFE, a la cual se le brinda un carácter autoritario.
Expuso que también provocan incumplimiento de contratos y harán que las instituciones financieras que apoyaron los proyectos revisen la viabilidad de los mismos, y quizá den por vencidos dichos financiamientos. Ello traerá múltiples reclamaciones nacionales e internacionales, que implicarán el pago de indemnizaciones millonarias por parte del erario.
Juicios de amparo
Según el Primer Juzgado Especializado en Competencia Económica, hay 14 juicios de amparo, dos de la firma Mexsolar y dos de Dolores Wind. El resto son confidenciales.
Valle dijo que el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional repercute en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados (El Universal).
