La contadora Maury Carolina Carrero Mendoza fue detenida el 2 de abril en la madrugada, en su casa de Caracas, por 15 funcionarios de contrainteligencia. Y fue interrogada sobre funcionarios de oposición ligados a Juan Guaidó.
En Venezuela, desde el 13 de marzo de 2020, cuando inició el estado de alarma debido a la pandemia, 33 personas han sido detenidas arbitrariamente, reveló un informe de la organización Foro Penal Venezolano.
“Particularmente se notó un aumento significativo de detenciones en el mes de marzo, en comparación con los meses anteriores del año 2020, y ello refleja, a su vez, el aumento de detenciones en el periodo de cuarentena”, denunció el Reporte sobre la Represión en Venezuela.
Se observó un aumento de detenciones a partir de que se tuvo información de los primeros casos de COVID-19 en el país, insistió.
Esto, a pesar del llamado de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a suspender detenciones arbitrarias.
“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, dijo el pasado 25 de marzo, al comienzo de la crisis sanitaria en América Latina.
Actualmente, en total, en Venezuela hay 334 presos políticos, entre éstos están 13 mujeres, 121 funcionarios militares y 1 adolescente, reportó la asociación con sede en Caracas.
Además, hay al menos 61 presos políticos con enfermedades que no están siendo atendidas oportunamente. De los arrestos cometidos en lo que va de 2020, 85 por ciento son hombres y el resto mujeres.
Además, hay seis entidades gubernamentales cometiendo las detenciones.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ejecutó 15 arrestos. Por su parte, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizó nueve.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llevó a cabo ocho arrestos; el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) 4 arrestos, y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) dos arrestos, la Policía del estado, un arresto.
