La administración del presidente Joe Biden cumplió su amenaza y presentó este lunes una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para que suspenda de manera inmediata el emplazamiento de boyas en el río Bravo, en la frontera con México, retire aquellas que han sido desplegadas, y deje de interferir en la política migratoria del gobierno federal.
En una demanda ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, el Departamento de Justicia (DOJ) formalizó la acusación en el sentido de qué las acciones del gobernador republicano interfieren con los deberes oficiales de Estados Unidos y violan los compromisos internacionales del país, específicamente los contraídos con el gobierno mexicano.
“Sostenemos que Texas ha violado la ley federal al instalar una barrera en el río Grande (Bravo) sin obtener la autorización federal requerida. Esta barrera flotante plantea amenazas para la navegación y la seguridad pública y presenta preocupaciones humanitarias. Además, la presencia de la barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas por parte de México y corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia pidió de inmediato una orden judicial (injunction) para impedir que Texas construya barreras adicionales en el río y pide a un tribunal que ordene al estado que derribe las ya existentes por su cuenta.
En la demanda, la administración Biden alega que Texas y Abbott violaron la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos al construir una estructura en aguas (federales) de Estados Unidos sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
“Nos vemos en la Corte”, responde Abbott
Autoridades texanas colocando boyas en la frontera con Tamaulipas (AP) ampliar
Anticipando la demanda, Abbott escribió una carta a Joe Biden y al procurador Merrick Garland en la que defendió el derecho de Texas a instalar las barreras flotantes y acusó al presidente de poner en riesgo la vida de los migrantes por no llevar a cabo las acciones necesarias para evitar que hagan el peligroso viaje hacia los Estados Unidos.
“Si bien comparto las preocupaciones humanitarias señaladas en la carta de sus abogados, señor presidente, su dedo apunta en la dirección equivocada. Ninguno de nosotros quiere ver otra muerte en el río Grande. Sin embargo, sus políticas de fronteras abiertas alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de manera segura y legal en un puerto de entrada”, escribió.
Abbott le dijo a Biden que si realmente le importa la vida humana, debe comenzar a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
“Al hacerlo, puede ayudarme a evitar que los migrantes apuesten sus vidas en las aguas del Río Grande. También puede ayudarme a salvar a los tejanos, y de hecho a todos los estadunidenses, de las drogas mortales como el fentanilo, la violencia de los cárteles y los horrores de la trata de personas”, apuntó.
La demanda contra Abbott está siendo litigada por la Sección de Defensa Ambiental de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, en la Corte de Distrito Oeste de Texas.
Argumentos legales
El Departamento de Justicia sostiene que las acciones del estado de Texas, a través del gobernador Abbott violan la Ley de Ríos y Puentes, toda vez que el estatuto federal prohíbe la colocación de barreras u obstrucciones no autorizadas en el río Grande y otras aguas navegables de Estados Unidos.
La oficina del procurador Garland acusó específicamente a Abbott de ignorar el requerimiento legal que lo obliga a solicitar autorización previa del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Con motivo de las presuntas acciones ilegales de Abbott, el gobierno federal exige una intervención judicial perentoria para frenar el emplazamiento de las barreras a lo largo del río Bravo.
Autoridades texanas colocando boyas en la frontera con Tamaulipas (AP) ampliar
Con un largo historial de desafíos judiciales en los tribunales federales, incluido durante el caso de los mexicanos condenados a la pena de muerte por incumplir sus obligaciones de notificación consular bajo la convención de Viena, el gobierno estatal sostiene que bajo Artículo 1 de la Constitución, Texas “tiene el derecho soberano en proteger sus fronteras”.
Abbott mantiene que su decisión de emplazar las boyas fronterizas fue hecha bajo su papel legal como “comandante en jefe de la milicia estatal” bajo el artículo 4 de la Constitución de Texas, por lo tanto, acusa al presidente Biden de violar la Constitución de Estados Unidos.
