El ejército de Ecuador anunció la detención de 329 criminales y la muerte de otros cinco luego de la jornada de violencia del martes en la que murieron 14 personas.
Entre los fallecidos hay dos policías y uno más está herido en estado crítico, detallaron las fuerzas armadas.
También fueron liberados cuatro policías secuestrados, mientras que 125 guardias penitenciarios siguen retenidos.
Mientras que los detenidos pertenecen a tres grupos delictivos: Tiguerones, Lobos y Choneros.
Asimismo, una guarida criminal fue quemada.
En tanto, los agentes de la fuerza terrestre del ejército ya están desplegados en todo el país, detalló en conferencia de prensa el almirante Jaime Vela, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
El martes pasado, grupos criminales tomaron un canal de televisión y realizaron diversos atentados, en una de las peores ofensivas de la delincuencia en el país sudamericano.
Esto ocurrió en respuesta al toque de queda que decretó el gobierno un día antes, tras la fuga del traficante Fito.
Ante esto, ayer el presidente Daniel Noboa aseguró que el país está en “estado de guerra”, luego de tres días de violencia ligada al narcotráfico.
Y se comprometió a enfrentar sin tregua a “más de 20 mil” miembros de organizaciones “terroristas”.
“Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, declaró Noboa a radio Canela.
Bajo la medida que le otorga a las organizaciones criminales estatus beligerante, el mandatario ordenó a los militares “neutralizar” a las bandas vinculadas a carteles de México y Colombia.
Los legisladores expresaron el martes su apoyo a las fuerzas armadas y respaldaron los esfuerzos de Noboa.
No necesito la aprobación de ellos para lo que estoy haciendo”, dijo ayer Noboa al referirse a los decretos de excepción.
“Pero sí les he solicitado el apoyo”, agregó.
Noboa se reunió con embajadores en Quito, luego de recibir a funcionarios de de Estados Unidos el martes por la tarde.
La Unión Americana prometió ayuda en unos días, dijo Noboa.
Su plan de seguridad de 800 millones de dólares incluye 200 millones de dólares en cooperación.
En tanto, Noboa anunció que el país comenzará esta semana a deportar a presos extranjeros, especialmente colombianos, para reducir la población carcelaria y el gasto público.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), 11 custodios retenidos fueron liberados.
Las calles de Quito (arriba), Guayaquil y de otras ciudades reportaron poco tránsito tras la ofensiva criminal; el presidente Daniel Noboa conversó con medios locales.
APUNTAN A JUECES Y FISCALES
En medio de la ofensiva contra el narcotráfico, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que los jueces y fiscales que ayuden a los líderes de grupos terroristas identificados por el Estado también serán considerados parte de la red de terrorismo.
“Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es sólo bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista”, afirmó en entrevista con radio Canela TV.
La crisis se desató luego de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal organización criminal del país conocida como Los Choneros.
“Se acabaron los momentos de gobiernos tibios”, espetó.
El mandatario atizó la furia de las bandas con sus anuncios de construir penitenciarías de alta seguridad al estilo de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas.
“Este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie las quiso tomar. Y para eso se requieren huevos grandes de avestruz, no huevos de cartón”, aseguró.
Noboa rechazó ceder a los ataques y condiciones impuestas por grupos delictivos.
El mandatario sudamericano recibió la “extrema preocupación” de Estados Unidos y el respaldo de otros países ante la violencia y el crimen organizado en Ecuador.
MENORES PARTICIPARON EN TOMA DE CANAL DE TV
La toma del canal TC Televisión en Guayaquil por parte de grupos criminales es un acto terrorista, afirmó ayer el gobierno de Ecuador.
El comandante de la Policía en la Zona 8, Víctor Herrera, expuso que al menos 20 personas participaron en el ataque.
El general indicó que las autoridades determinarán de manera individualizada la responsabilidad de los detenidos, cuyas edades oscilan entre 15 y 25 años.
Un juez dictó ayer la orden de prisión preventiva para 11 de los 13 detenidos encapuchados que ingresaron armados al canal TC.
Con esto, el juzgador aceptó la solicitud de la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos por el delito de “terrorismo”.
La boleta dispone su traslado a la Penitenciaría del Litoral.
Otros cinco fueron detenidos por posible complicidad con el atentado a la televisora en sitios alejados al canal.
En total, 18 personas están detenidas por su presunta participación en el hecho.
Sobre dos menores de edad de 15 y 17 años, el juez del caso afirmó que tendrán que cumplir un “internamiento preventivo”.
Un grupo de encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió el martes pasado durante la transmisión en vivo de la televisión pública TC en Guayaquil.
“No disparen por favor, no disparen”, se escucha suplicar a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro.
Las personas armadas mostraban su arsenal, hasta que las luces del set se apagaron.
La señal en vivo continuó transmitiendo los disparos, gritos y lamentos que se escuchaban fuera de cámara.
“Por favor, entraron a matarnos”, escribió a un periodista de la agencia AFP, una de las personas que estaba en las instalaciones del canal durante el ataque.
La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías.
CÁRTELES MEXICANOS IMPULSARON VIOLENCIA
Los cárteles mexicanos contribuyeron en los hechos criminales del narco ecuatoriano, que escalaron el martes pasado con la toma de canales de televisión y atentados con explosivos, aseguró el exviceministro de Rehabilitación Social en ese país, Julio Ballesteros Vaca.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Multicast, Ballesteros Vaca señaló que la relación de los criminales de ambos países es antigua.
“Son antiguas (las relaciones entre los cárteles de México y Ecuador). Fueron los principales motores económicos que hicieron crecer a estas agrupaciones”, afirmó el exfuncionario.
Comentó que los cárteles como el del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación están directamente ligados al financiamiento de estas agrupaciones locales.
Aseguró que previamente los grupos como Los Choneros y Los Lobos tenían cerca de cien miembros, al día de hoy son unos 12 mil.
Luego de la declaratoria de conflicto interno, el gobierno de Ecuador desplegó militares en todo el territorio nacional.
Asimismo, estos grupos han extendido su influencia incluso a provincias como Esmeraldas que es fronteriza con Colombia, en donde existe una gran producción de cocaína, afirmó.
Julio Ballesteros también se dijo convencido de que los cárteles mexicanos han tenido influencia en los recientes hechos violentos en cárceles del Ecuador.
Mencionó estar “completamente seguro de que la influencia de ellos hizo la posibilidad de administrar el negocio de las drogas y la protección de personajes importantes en las cárceles del Ecuador”.
MEGAPRISIONES
Ballesteros aseguró que la construcción de prisiones con una gran capacidad generó dinámicas de operación dentro de ellas y repuntó la violencia.
“Sobre todo el error cometido en algunos años atrás de la conversión de grandes centros de privación de la libertad que albergan un promedio de cuatro mil personas se convertían prácticamente en una ciudad, en unas microciudades”, afirmó.
“Eso hacía que todas estas bandas criminales tuvieran la necesidad de administrar cada uno de los centros de privación de la libertad en el Ecuador”, agregó.
Hace cuatro años, había 63 mexicanos en cárceles ecuatorianas, todos con condenas ligadas al tráfico a gran escala. Incluso, recordó, algunos tenían solicitudes de extradición.
“Los delincuentes desean someter emocionalmente a la población civil y al Estado”, concluyó.
