La liberación de los cuatro trabajadores de un rastro de pollo, que fueron secuestrados en diciembre del año pasado en Toluca, no fue parte de un trabajo de inteligencia de las autoridades; la liberación habría sido porque la dueña del establecimiento pagó las cuotas que debía a la Familia Michoacana, ya que incluso su negocio era parte de la estructura de la organización criminal que obligaba a comerciantes a comprarle producto, así lo revelaron fuentes cercanas a la investigación.
El 16 de marzo la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dio a conocer la localización de los cuatro trabajadores que fueron privados de su libertad el 22 de diciembre de 2023 por un grupo armado de la organización criminal con orígenes en el estado de Michoacán.
La SSEM indicó que, a través de labores de inteligencia, se pudo visualizar movimientos relacionados con la reubicación de las personas secuestradas en la zona sur del Estado de México.
Destacó que las personas raptadas fueron halladas dentro de un vehículo, en el municipio de Temascaltepec, las cuales estaban maniatadas. Por lo que al llegar al sitio y tras efectuar técnicas operativas de investigación, los policías lograron su rescate en los momentos en que las pretendían trasladar a otro lugar.
Cuotas saldadas
Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación descartaron que la localización y rescate de las víctimas haya sido a través de trabajos de inteligencia de las autoridades, ya que su liberación habría sido porque la dueña del establecimiento, del cual fueron secuestrados, pagó las deudas que tenía con la Familia Michoacana.
Con la reciente información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se evidenció que Lizbeth Karina “N”, dueña del establecimiento, estaría involucrada con la organización criminal y que sus locales servían para acaparar pollo, es decir, obligaban a otros comerciantes a comprarle solo a ella.
