La guerra con drones en Tierra Caliente, Michoacán, tiene el sello “made in China”. La mayoría de los artefactos decomisados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proviene del gigante asiático, confirmaron autoridades castrenses.
Detallaron que, de 2022 a la fecha, han decomisado 23 drones adaptados por el crimen organizado para soltar artefactos explosivos contra autoridades, población civil y grupos antagónicos. Los aseguramientos se han dado principalmente en el municipio de Tepalcatepec, pero también en Aguililla, Apatzingán y Cotija.
Predominan los drones de la marca china DJI, en particular del modelo Mavic, que se pueden conseguir a un precio de entre 8 mil y 15 mil pesos.
A partir del 1 de agosto, el gobierno de China impuso restricciones a sus exportaciones de drones para evitar que se usen con fines no pacíficos, informó el lunes pasado el Ministerio de Comercio de ese país, esto ante reportes de que estos artefactos eran usados en la guerra entre Ucrania y Rusia.
En tanto, de acuerdo con datos del Banco de México, las importaciones de drones provenientes de Asia sumaron más de 9 millones de dólares entre enero y mayo de este año.
En Michoacán, estos aparatos eran utilizados para labores agrícolas —como esparcir fertilizantes o fumigar— pero ahora han sido reconvertidos por la delincuencia organizada.
En menos de un mes se han registrado al menos siete ataques con explosivos en rancherías de Apatzingán, que causaron daños a viviendas y vehículos.
El hecho más reciente sucedió la mañana de este lunes en zonas cercanas a cultivos de limón en las comunidades de Puerta de Alambre, Lomas de Los Hoyos, Las Bateas y El Guayabo.
Los primeros ataques con drones de los que se tienen registro ocurrieron a principios de 2021, en poblaciones de Tepalcatepec, en medio de un conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos de autodefensa.
En ese entonces se arrojaron artefactos artesanales, con explosivos y fragmentos de metal, que al chocar contra el suelo detonaban. Después, los criminales emplearon granadas de fragmentación sujetas al dron. Recientemente, las autoridades han encontrado morteros artesanales.
Para aprender a dronear no hay una escuela, declaró un experto consultado por MILENIO, quien pidió reservar su identidad.
“Al menos aquí en Michoacán no; aprendes empíricamente. Es igual a cualquier videojuego. Se puede decir que es fácil aprender a dominarlo, solo teniendo el riesgo de que se va a tirar”, señaló.
Un dron tradicional, utilizado en labores de video y fotografía, es ligero en cuanto a peso, por lo que la batería puede durar de 20 a 30 minutos.
En cambio, los manipulados por grupos del crimen organizado son de función agrícola, con una mayor capacidad de carga y capaces de volar por una hora.
“Esos que mencionas que se están usando en Tierra Caliente son drones agrícolas; inicialmente para eso se pensaron. Soportan carga pesada, de hecho, les llegan a subir galones de 20 litros y con esos fumigan, pero la delincuencia lo que hizo fue adaptarlos y montarles explosivos”, precisó el experto.
Para ello, detalló, se le adaptan soportes con un sistema mediante el cual al oprimir un botón de forma remota se libera un gancho y suelta la carga. En tiendas en línea, como Amazon o Mercado Libre, se ofertan en mil a dos mil pesos, aproximadamente.
“En la Presa del Rosario, en Apatzingán, soltaron granadas especiales e hicieron un desmadre, pero normalmente son molotov. Los más económicos te liberan a un kilómetro, que es básicamente nada, pero hay unos que incluso lo hacen a 10 kilómetros”, explicó.
El uso de drones por parte de la delincuencia organizada no se limita a Michoacán, también se han registrado ataques con esos aparatos en el municipio de Cocula, en Guerrero.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley para castigar con hasta 60 años de cárcel el uso de drones para transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Las reformas propuestas al Código Penal Federal establecen condenas que van de 15 a 40 años de prisión; así como una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer delitos contra personas o bienes.
