El fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, advirtió que la Ley Nacional de Seguridad, que pone límites a los agentes extranjeros en el país, como los de la DEA, y que fue avalada por el Senado mexicano “solo beneficia a las organizaciones criminales” y dificulta la cooperación entre ambos países.
En un comunicado de “publicación inmediata” emitido por el Departamento de Justicia de EU, señaló que la legislación “preocupa” al gobierno estadunidense y dejará menos seguros a los ciudadanos de las dos naciones.
“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales trasnacionales y otros delincuentes que estamos combatiendo conjuntamente”, advierte el comunicado.
Barr afirmó que la Justicia estadunidense está comprometida en trabajar con el gobierno de México para combatir a los criminales trasnacionales que amenazan a ambos países.
Recordó que en ánimo de colaboración regresaron al ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, tras ser detenido por agentes de la DEA.
“Como siempre, nuestra cooperación se da dentro del contexto de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos: por eso, por ejemplo, recientemente Estados Unidos devolvió al ex secretario Cienfuegos a México, para permitirle ser investigado allí”, detalla.
Apenas el viernes 4 de diciembre el presidente López Obrador remitió al Senado su propuesta de Ley Nacional de Seguridad, que regulaba las labores de los agentes extranjeros en nuestro país.
La primera reforma avalada por el Senado, y que pasó a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, establece una supervisión permanente del cumplimiento por parte de “agentes extranjeros” de las nuevas disposiciones creadas, que los obliga a revelar sus identidades encubiertas al gobierno mexicano, y que mensualmente reporten a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hicieron y compartan la información que recopilaron en el país.
Las modificaciones realizadas por el Senado proponen en el artículo 70 que, si servidores públicos de los estados o municipios sostienen alguna reunión, intercambian información, sostienen llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros, deberán entregar un informe por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Seguridad Pública.
Fuente: Milenio
