Ciudad de México.- Un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, detenidos ayer por el caso del incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 25 resultaron heridos.
Por pedido de los imputados, Ernesto Cornejo Ángeles, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, duplicó el plazo legal para resolver la situación jurídica y será el próximo martes 18 de abril a las 15:15 horas cuando defina si los vincula o no a proceso.
En una audiencia iniciada anoche y concluida esta tarde, la Fiscalía General de la República imputó los delitos de ejercicio Ilícito del servicio público, homicidio y lesiones a Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales; Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia R. T., agente de Migración “B”.
Por lo menos hasta el próximo martes, los funcionarios permanecerán sujetos a prisión preventiva de oficio en el Penal de Ciudad Juárez.
El miércoles un juez de distrito ordenó las aprehensiones de cuatro servidores públicos del INM, de los cuales los tres ahora presos fueron detenidos ayer en operativos de la Policía Federal Ministerial de la FGR en la ciudad fronteriza y el municipio chihuahuense de Ascensión.
El único que logró darse a la fuga es el Contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, contra quien pesa una orden de aprehensión por los mismos delitos.
En esta causa penal, la FGR también procedió penalmente contra Francisco Garduño Yáñez, director del INM, y Antonio Molina Díaz, jefe de Control y Verificación Migratoria del INM, sólo que contra ellos no pidió las órdenes de captura, sino citatorios para presentarse por su propio pie a una audiencia de imputación ante el juez.
Además, van a ser imputados sólo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.
La audiencia de Molina está agendada para el jueves 20 de abril y la de Garduño para el día siguiente. Ambos deberán presentarse físicamente a una sala del Centro de Justicia en Ciudad Juárez, ya que la autoridad judicial no aceptó que la diligencia se llevara a cabo por videoconferencia.
