*ATORAN A SECCIONAL DE SAMALAYUCA POR MINA
*¿ACARREARÁN GENTE PARA PLEBISCITO A FAVOR DE MARU?
*VIOLAN CONSTITUCIÓN PERO AMAGAN RUDAMENTE
La Síndica Leticia Ortega fue denunciada en redes sociales, porque el pasado 20 de noviembre habría instigado en parte la protesta generada en el palco donde estaba el presidente Armando Cabada.
“Señores regidores soy alumna de la uacj y quiero demandar públicamente a la sindica lety ortega y a su asistente personal maria brava ya que nos pidio a cambio de calificaciones en su materia el acompañar a la manifestacion por la seguridad y encontra del alcalde cabada la verdad no se vale que la maestra realice este tipo de practicas que solo hacen mas violencia en nuestra ciudad (sic)”, escribió una usuaria de redes sociales, identificada como Olivia Sánchez.
Lo suyo no es la ortografía, pero son graves las acusaciones.
Otra persona identificada como Shava Santiago coincidió en que presuntamente la síndica “usa a sus alumnos para las protestas(,) si no van les condiciona sus estudios a los estudiantes de la UACJ (sic)”.
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El presidente seccional de Samalayuca anda fuera del huacal desde hace tiempo, en parte porque es su estilo, pero también porque según él, en el Ayuntamiento de Juárez no lo toman mucho en cuenta.
Sin embargo, ahora que está en su punto álgido el tema de la posible instalación de la mina La Gloria, es cuando se le busca echar el guante.
En ese sentido se acordó hacerle un extrañamiento en la sesión de cabildo de ayer.
Y es que según se sabe, Javier Meléndez anda promoviendo la instalación de la mina, pese a los riesgos a los que se sometería a los habitantes de dicho poblado.
Las voces que lo critican hablan de que le investiguen las cuentas bancarias, porque no ha de ser de a gratis que sea el fan número de dicha mina, pese a que se hable de toneladas de contaminantes que afectarían a los vecinos del sector.
Busca se supone, el beneficio económico de los que serían trabajadores, ¿pero a cambio de qué?
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Si no hay obligación alguna para los habitantes de Chihuahua de ir a votar en el plebiscito del próximo domingo, pues se entiende que estaría hablándose de un asunto que estaría completamente fuera de control y que no se podría saber el posible resultado.
El detalle es que no hay reglas sobre las sanciones y lo que seguramente va a predominar es el acarreo y otras prácticas para conseguir el resultado deseado.
Ganará el grupo que logre llevar a más ciudadanos con esas viejas prácticas que usan siempre los políticos.
Algunos irían presionados por conservar el puesto y otros motivados –no se descarta- por dinero.
Falta ver si el Instituto Estatal Electoral tiene contemplada la sanción a esas prácticas presuntamente irregulares, y si las consideraría como delitos electorales si se detectan. ¿Podría invalidarse el proceso de voto? ¿Podrá impugnarse el proceso?
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Luego de que varios gobernadores del PAN decidieran desconocer a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, el gobierno de Chihuahua tuvo que definir postura y terminó por unirse a los azules en el mismo sentido.
Así que Javier Corral no aceptará las recomendaciones de la CNDH, pese al amago de que la 4T podría iniciarle juicio político y se buscaría su destitución como gobernador si se llegase a un caso de ese tipo.
Como curiosidad del asunto, llama la atención también que los morenistas no sacaron adelante en tiempo y momento, la aprobación del Presupuesto de Egresos, en franca violación a la Constitución (debieron hacerlo antes del 15 de noviembre), así que ahora resulta que los que no acepten a la CNDH podrían ser destituidos.
Incongruencias de la 4T.
