Washington.- El gobierno de Trump planea extender de manera indefinida las restricciones fronterizas impuestas para detener la propagación del coronavirus y reforzar sus severas medidas con fundamento en las amplias facultades de salud pública que ya han impedido el ingreso a Estados Unidos de migrantes que buscan protección contra la persecución, según afirman varios funcionarios y el borrador de una orden de salud pública.
El 21 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) impusieron una restricción de 30 días a todos los viajes no esenciales a Estados Unidos desde México y Canadá.
Esa medida cerró los puntos legales de entrada al turismo y estableció el retorno inmediato a México, o a sus países de origen, de los inmigrantes que cruzaran la frontera de manera ilegal. Desde entonces, sólo dos migrantes han podido permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo, según un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
La orden –que el 20 de abril fue extendida otros 30 días– forma parte de un amplio esfuerzo liderado por Stephen Miller, el arquitecto de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, con el fin de utilizar agresivamente las leyes de salud pública para reducir la inmigración mientras el Gobierno lucha contra el virus.
Pero una nueva orden, que se encuentra en proceso de revisión en varias agencias gubernamentales, tiene la intención de extender las restricciones indefinidamente.
Una vez que sea emitida por Robert Redfield, director de los CDC, las restricciones fronterizas permanecerán vigentes hasta que se decida que el virus ya no representa una amenaza.
Esta medida de extensión indefinida se está proponiendo a pesar de que Trump ha estado presionando a los estados para que inicien la reapertura de sus economías, con el argumento de que la amenaza del virus disminuirá rápidamente.
“Voy a extender la duración de la orden hasta que se determine que el riesgo de introducción del Covid-19 en los Estados Unidos ha dejado de ser un peligro para la salud pública”, dice la copia del proyecto a la que tuvo acceso The New York Times.
Si bien los funcionarios de los CDC evaluarán los peligros que representa el virus para el público estadounidense cada 30 días, la nueva orden en esencia significa que la frontera estará cerrada para los inmigrantes hasta que Redfield diga de manera explícita lo contrario, y no los CDC.
El gobierno de Trump ha utilizado los riesgos que plantea el coronavirus para justificar sus restrictivas políticas de inmigración, que incluyen la detención de los vuelos de refugiados, las ceremonias de naturalización y la emisión de muchas green cards para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, Trump permitió el otorgamiento de visas temporales para los trabajadores de temporada y además consideró esenciales para Estados Unidos a los trabajadores agrícolas y los empacadores de carne, muchos de los cuales son inmigrantes.
No está claro cuándo planea el Gobierno emitir formalmente la nueva orden, la cual, según los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, es necesaria para prevenir la propagación del virus en los centros de detención a lo largo de la frontera.
Las restricciones existentes expirarán el 21 de mayo. La Casa Blanca declinó hacer comentarios para este reportaje.
Los CDC no respondieron preguntas sobre los criterios que Redfield ha utilizado para extender la medida fronteriza, la cual también ha sido utilizada por los funcionarios para rechazar sin más a los niños que cruzan la frontera solos, en vez de remitirlos a un refugio administrado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
La naturaleza indefinida de la orden causó alarma entre los defensores de la inmigración, quienes acusaron a Miller y al gobierno de Trump de usar la pandemia para imponer restricciones de inmigración que siempre habían querido que fueran permanentes.
El Gobierno ya había impuesto una serie de restricciones migratorias en los últimos tres años y, en varias ocasiones antes de la crisis, Miller y otros funcionarios analizaron el uso de leyes de salud pública para reducir aún más la inmigración.
“Esta prohibición nunca fue por la pandemia, nunca se trató de la salud pública”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de incidencia en las Américas de Amnistía Internacional. “Como lo dejan en claro las noticias de hoy, el gobierno de Trump está usando el Covid-19 para imponer las políticas que quería implementar desde su primer día en el poder: cerrar las fronteras a las personas que buscan seguridad”.
Las restricciones ya han obstaculizado de forma significativa las oportunidades de buscar protecciones humanitarias en Estados Unidos. Desde el 21 de marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza han remitido a 59 migrantes para que fueran entrevistados por oficiales de asilo, según explicó el funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Sólo dos personas que buscaban ese tipo de protección pudieron permanecer en Estados Unidos. Otros tres migrantes tienen casos pendientes, mientras que 54 fueron rechazados. The Washington Post fue el primero en informar sobre las estadísticas de asilo.
El Gobierno ha utilizado los poderes de salud pública para efectuar el retorno inmediato de más de 20 mil migrantes a México, o a sus países de origen, desde que la norma entró en vigor a fines de marzo.
Estados Unidos todavía lidera las estadísticas mundiales con más de 1.3 millones de casos confirmados de coronavirus. Pero el Gobierno mexicano también ha alarmado a los funcionarios de Salud por no revelar las muertes ocasionadas por el virus.
“La amenaza que enfrentamos desde fuera de nuestras fronteras, debido a esta enfermedad infecciosa mundial, evidencia ahora más que nunca la necesidad de seguridad fronteriza”, dijo Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
The New York Times)
