Entre las empinadas laderas de la sierra de Guerrero, yacen las ruinas de lo que fue la Base de Operaciones, Capacitación y Adiestramiento El Caracol, de la otrora Procuraduría General de la República, como un testigo mudo de la itinerante lucha para erradicar cultivos ilegales y combatir el narcotráfico en México.
Desde este búnker, con capacidad para albergar hasta un millar de elementos y desplegar aeronaves por todo el Pacífico, el gobierno mexicano alguna vez tuvo el control de la región, hasta que declaró su cierre, abandonando la sierra y a su gente, precisamente en un territorio que ahora se disputan La Familia Michoacana y Los Tlacos.
A 18 años de la instalación de la Base de Operaciones, los comisarios ejidales de la región, cansados de los ataques con drones y las lluvias de balas, claman por la instalación de un cuartel militar para que soldados, marinos o guardias nacionales tengan, ahora sí, presencia permanente y así alcanzar la tan anhelada paz.
El Caracol: Reliquia de la lucha antinarcóticos en Guerrero | Especial ampliar
El único camino pavimentado con el que cuenta el poblado de El Nuevo Caracol conduce hasta lo alto del cerro en el municipio de Apaxtla, donde se ubica el helipuerto. A la distancia se puede ver la pista para aeronaves de ala fija, ya cubierta por la maleza, pues han pasado casi dos décadas desde que se utilizó por última vez.
Este complejo, presumido en su momento como un centro para la erradicación de mariguana y amapola, tenía tecnología de punta, contaba con simuladores de vuelo y tiro, pozo para almacenamiento de combustible, un taller de mantenimiento aéreo, un hangar para 24 helicópteros y seis avionetas tipo Cessna. Hoy, las comunidades aledañas no cuentan ni siquiera con Internet.
Del casino, el restaurante, el auditorio y sus 36 habitaciones dobles apenas se puede apreciar la estructura. Los techos de ladrillo color terracota decoran el piso y solo sirve como corral para animales.
El gimnasio, la alberca y la cancha de tenis, ya solo son un refugio para sapos, todo esto rehabilitado en 2001, con un presupuesto de 13 millones 158 mil pesos.
El Caracol: Desolación y desesperanza en la Sierra de Guerrero | Especial ampliar
Persiste violencia en la región
Aunque la presencia militar brinda momentos de tranquilidad, la violencia resurge cuando las tropas se retiran. Y ese es precisamente el reclamo de la población.
“Necesitamos una base militar permanente que no se mueva de ahí, porque solo así vamos a poder andar con seguridad”, dice a MILENIO el comisario ejidal Aurelio, del Nuevo Poblado El Caracol. Él es apenas una voz que emana de la región serrana a la que se suman los comisarios de Tetela del Río, Buenavista y Amacahuite, donde la violencia ha dejado una estela de terror en la región.
En entrevistas exclusivas con MILENIO, ejidatarios, cuyos rostros temen mostrar por represalias del crimen, pintan un cuadro desgarrador. Señalan la necesidad de una base militar constante para salvaguardar la seguridad de sus familias y proteger sus principales fuentes de trabajo: la agricultura y la pesca.
Aurelio, comisario del Nuevo Poblado El Caracol, describe la situación actual: “Estamos desesperados. Queremos una base militar desde hace muchos años. Cuando la tuvimos, teníamos orden y seguridad”.
Agustín, comisario ejidal de Buenavista de los Hurtado, comparte su lamento: “Estamos desérticos, totalmente desprotegidos. Queremos paz, tranquilidad, queremos trabajar. Pero el gobierno no nos escucha a pesar de tantas tropelías.”
La necesidad de seguridad se entrelaza con la falta de servicios básicos. Sergio, comisario de Tetela del Río, señala la ausencia de escuelas y servicios de salud, mientras las carreteras y vías de comunicación están en estado deplorable. El clamor es claro: el gobierno debe voltear la mirada hacia la Sierra.
En la voz de Emiliano, comisario de Amacahuite, resuena el temor por la educación de los niños: “Los maestros no vienen a dar clases porque hay miedo. Queremos la ayuda del gobierno, una base militar permanente para el bienestar de los niños.”
La desaparición de la base en 2006 marcó un cambio en las políticas públicas. El cierre se atribuyó a su consideración como “incosteable y operativamente ineficiente”. Desde entonces, las comunidades de la Sierra han enfrentado la violencia sin un respaldo firme.
